Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

17/09/2009

José Mª Pérez de Uralde destaca el papel central de la economía social iberoamericana en la resolución de necesidades básicas de la población

En un momento histórico propiciado por la crisis económica internacional, de incremento de las desigualdades y de persistencia de la pobreza en amplias regiones, la economía social iberoamericana adquiere un papel central para tratar de resolver los problemas básicos de la población y propiciar su desarrollo. Así se expresó el director general de FUNDIBES y vicepresidente de CIRIEC-España, José Mª Pérez de Uralde, en la ponencia marco sobre la Economía Social en Iberoamérica pronunciada el pasado martes en Santiago de Chile, dentro del Segundo Seminario Iberoamericano de Economía Social y Empleo.

Pérez de Uralde citó la necesidad de consolidar un sistema económico plural, constituido por el sector público, fundamental en sectores estratégicos de cada país y como regulador de las actividades económicas; un sistema privado capitalista tradicional, sujeto en sus sectores sistémicos a ciertas supervisiones, y un creciente sector, de economía social y cooperativa, que es una realidad presente en todos los países, ejerciendo un papel importante en temas de desarrollo y ayuda a los más necesitados.

Dos son los fenómenos que se encuentra la economía social en Iberoamérica, según el director de FUNDIBES. En primer lugar la heterogeneidad entre países, con altos niveles de variabilidad en los indicadores macroeconómicos y, en segundo lugar, la alta inestabilidad en los procesos económicos.

Otro factor que define la realidad iberoamericana es la desigualdad, que se mantiene a pesar del último y prolongado ciclo de crecimiento económico.

Inmensa realidad

En este contexto, Pérez de Uralde identificó a la economía social iberoamericana como “una inmensa realidad”, que realiza una gran cantidad de aportaciones importantes, pero que además es una gran desconocida.

En materia de empleo, la economía social adquiere un especial protagonismo para combatir las altas tasas de informalidad en la economía y también para favorecer empleos más estables y de más alta calidad.

Explicó que hay dos visiones de la economía social en los países de la región, una visión coincidente con la europea, que concibe al sector como una serie plural de iniciativas privadas para resolver problemas básicos de las personas y, una segunda visión, que se sitúa en una negación del sistema capitalista tradicional, al que pretende sustituir originando un cambio de paradigma económico. Esta segunda visión se ha desarrollado en realidades marcadas por procesos de elevada desigualdad social.

De forma análoga, existen dos maneras diferentes de actuación de los Estados respecto a la economía social. En el primer caso, según Pérez de Uralde, el Estado, en interlocución con los representantes de la economía social, pacta las medidas para fomentar al sector, manteniéndose la plena autonomía de las distintas iniciativas que lo componen. En el segundo caso, la economía social se convierte en instrumento del propio Estado, que lo utiliza para superar determinadas situaciones sociales. El riesgo de este segundo tipo de actuación es la falta de autonomía de las entidades de economía social o que esa utilización sirva para otros fines distintos o los concebidos.

Colaboración entre el sector y la universidad

En cualquier caso, para el vicepresidente de CIRIEC-España es imprescindible que las organizaciones de la economía social puedan configurarse como un actor de unidad, de comprensión mutua para poder influir en los distintos Estados. “Si el sector está disgregado y no articula movimientos de integración es muy difícil que la economía social adquiera el deseable espacio de interlocución con el Estado, que a su vez debe ayudar en temas de formación y visualización del sector”, afirmó.

Y acabó citando a la Universidad, como institución relevante para la promoción de la economía social en Iberoamérica, a partir de su estudio, de su cuantificación y de propuestas de políticas públicas. “Se hacen precisos unos procesos de investigación sistemática, que favorezcan la propuesta de políticas de apoyo al sector, a partir de la colaboración entre las entidades de economía social con las distintas universidades y redes de investigación en economía social”, concluyó José Mª Pérez de Uralde.

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