29/10/2015

La Plataforma del Tercer Sector presenta sus propuestas electorales, entre las que se incluye una reforma constitucional

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, presentó este miércoles en un ‘briefing informativo’, celebrado en la agencia de noticias Servimedia, el Decálogo de propuestas electorales que la entidad va a presentar a los partidos que concurren a las próximas elecciones generales de diciembre de 2015.

Poyato señaló que es necesaria “una reforma constitucional, que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales; reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social”. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector señaló que las prestaciones sociales “tienen que ser equitativas en todas las Comunidades Autónomas”, por lo que desde la Plataforma se propone la reforma del Título Octavo de la Constitución, para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social de Estado y Comunidades Autónomas.

Poyato remarcó que la Plataforma no busca “recentralizar competencias (…) ni definir la articulación política del país”, sino establecer un sistema en que el Estado “pueda compensar los desequilibrios económicos” entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. “No queremos quitar competencias a las Comunidades Autónomas”, insistió, sino que “queremos sumar”.

Según explicó Elena Rodríguez, directora de la Plataforma, esta reforma permitiría “exigir un mínimo de competencias estatales en materia social que garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial”. “Una persona pobre es una persona pobre en cualquier sitio”, afirmó, y “la obligación de atenderla debe ser igual, independientemente de donde resida”.

En este sentido, desde la Plataforma se propone el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas ya que, según afirmó Poyato “hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que se refiere al ingreso mínimo de inserción y creemos que se debe equilibrar las rentas mínimas de este país”.

Conversión de los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales

La reforma constitucional propuesta incluye, como punto de partida, la conversión de los derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales. Este grupo de derechos, derivados de la legislación internacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y normativas específicas de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO), incluye el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo. Aunque algunos de ellos (derecho a la educación, al trabajo o a la libertad de enseñanza y cátedra) están reconocidos en la Constitución Española, el grupo completo no está incluido de manera expresa (y por tanto en su totalidad) entre los derechos fundamentales.

Es por ello que, según explicó el presidente de la Plataforma, el reconocimiento de los “derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales”, para “que el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles”, y que “las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso".

La propuesta de reforma incluye, además el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector, como "interlocutor necesario" que garantice el "diálogo" para “tener un papel de complementariedad" en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Plan de Lucha contra la Pobreza

Otra de las reivindicaciones de la Plataforma del Tercer Sector es la creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, que comprometa una partida económica “de nuevo cuño”, de “1.000 millones de euros anuales”. En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector recordó que todavía se está "a tiempo" para destinar una parte de los fondos europeos a la "inversión en la lucha contra la exclusión", pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten que haya un porcentaje destinado a los más vulnerables.

En esta línea, la Plataforma propone además la suscripción de un Pacto contra la Pobreza, para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, y en un 25% la tasa de pobreza infantil; además de la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientada al “fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales”, ya que habitualmente “los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo de exclusión”.

El Decálogo de la Plataforma del Tercer Sector incluye, asimismo, destinar los fondos de la futura Tasa de Transacciones Financieras, aprobada recientemente por 11 países europeos (y que se estima para España en unos 5.000 millones de euros anuales) a fines sociales; la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 que restringe el acceso universal a la sanidad; el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector en los dos primeros años de la nueva legislatura, y el reconocimiento e inclusión de las entidades del Tercer Sector en el Consejo Económico y Social de España (CES) y en el Europeo (CESE).

Documento de propuestas en materia social y de inclusión ante las elecciones generales de 2015