02/07/2007

Jesús Caldera presenta el Proyecto de Ley de regulación de Empresas de Inserción

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó el pasado viernes al Consejo de Ministros, para su aprobación y envío al Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción, aquellas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, después de aplicar medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.

El Proyecto ha sido informado por la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, de la que forman parte las comunidades autónomas, y cuenta con el dictamen del Consejo Económico y Social.

Como ya informó este Observatorio hace poco más de un mes, con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley, el principio que inspira la futura norma es el cumplimiento del mandato de la Constitución Española que, en su artículo 9.2, ordena a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Requisitos de las empresas de inserción

Según el contenido del Proyecto de Ley, las empresas de inserción deberán estar participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social; deberán mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto, y deberán aplicar al menos el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.

Según se explica desde el Ministerio de Trabajo, en la actualidad no existe una definición comúnmente aceptada sobre el concepto y características de las empresas de inserción, por lo que resulta difícil elaborar un censo, pero los últimos estudios cifran su número entre 147 y 165, y entre 3.550 y 3.800 los trabajadores, de los que el 62% lo son en proceso de inserción.

El 57% de las empresas en Cataluña, Andalucía y Madrid

Más del 57% de las empresas de inserción están implantadas en Cataluña, Andalucía y Madrid, según datos del Ministerio de Trabajo. Su facturación se cifra en 41,4 millones de euros y los principales sectores de actividad son: recuperadores y reciclaje, servicios personales y sociales, construcción, artes gráficas, jardinería y explotaciones forestales.

Si bien el colectivo afectado no es, actualmente, elevado, el potencial al que se dirigen sí lo es, ya que en 2006 hubo 100.857 titulares beneficiarios de Rentas Mínimas de Inserción, que es un grupo importante dentro de los excluidos sociales que contempla el articulado del Proyecto de Ley.

Imagen: Jesús Caldera.