17/07/2007
Juan José Barrera: 'Comparado con otros periodos, la Dirección General de la Economía Social ha hecho mucho y en poco tiempo'
Recientemente, el actual Gobierno español ha cumplido su tercer año de mandato, caracterizado, entre otras cuestiones, por la aprobación de una serie de medidas sociales de interés general y, en particular, de la economía social y del trabajo autónomo. Se trata de un momento oportuno para hacer balance y qué mejor para ello que contar con el director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan José Barrera. El director general atendió el pasado 5 de julio a este Observatorio, tras la celebración en Barcelona del 85 Día Internacional del Cooperativismo.
-Señor Barrera, ¿qué balance nos puede hacer de las actividades de la Dirección General de la Economía Social, transcurridos ya tres años de legislatura?
-Comparado con otros periodos, incluso alguno que yo he vivido, la Dirección General de la Economía Social lo que ha hecho durante estos tres años es mucho y en muy poco tiempo. Desde el punto de vista legislativo, ha impulsado leyes tan importantes como la del recientemente aprobado Estatuto del Trabajo Autónomo. Por otro lado, se ha satisfecho una reivindicación histórica como era elaborar, con la colaboración del sector, una Ley de Empresas de Inserción. Y en el ámbito de la economía social se han actualizado programas que estaban congelados tanto en sus importes como desde el punto de vista del contenido de las disposiciones, para fomentar el empleo en las cooperativas, sociedades laborales y en otras figuras de la economía social. Otro logro que hemos conseguido es el que la economía social se pueda visualizar con claridad en los planes de formación continua, tema que estaba todavía sin desarrollar. Esto es en líneas generales un resumen de lo que llevamos de legislatura.
-Por otra parte, ¿qué objetivos le quedan por cumplir hasta las próximas elecciones generales?
-El reto de aquí al final de la legislatura es la tramitación parlamentaria de la Ley de Empresas de Inserción. El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 29 de junio el Proyecto de Ley de Empresas de Inserción y su envío al Congreso de los Diputados. Este es un reto importante. Por otra parte, tenemos que realizar un análisis de cómo está la economía social tanto desde el punto de vista de las empresas como del empleo. Es decir, si el ritmo de crecimiento de estas empresas, sobre todo cooperativas y sociedades laborales, es el adecuado o requiere de un impulso mayor para la constitución de nuevas empresas y la creación de empleo. Había que hacer un estudio en profundidad y, para ello, se ha creado un grupo de trabajo, dentro del Consejo para el Fomento de la Economía Social, constituido por representantes del sector, de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, para analizar cuál es esa situación. Queremos comprobar, además, los problemas que puedan tener algunas empresas de economía social que operan en actividades económicas que están en crisis, léase el textil o el calzado. Probablemente habrá empresas que estén en dificultades, mientras que otras que operan en sectores más pujantes no lo estén. En el saldo final, el estancamiento de algunas de estas empresas quedaría compensado por el crecimiento de otras en sectores más en auge.
-Desde las sociedades laborales se está impulsando una reforma de la Ley que regula a estas empresas. ¿Cómo contempla su Dirección General esta reivindicación?
-Desde la Dirección General el planteamiento es claro. Todo tipo de reforma que se tenga que hacer legislativa tiene que partir de un análisis previo de cuál es la situación. Lo que le estaba comentando sobre el estudio de la situación de las empresas de economía social se puede vincular con las sociedades laborales, y no solamente con ellas, sino con cualquier otra entidad de la economía social, como algún tipo de cooperativas. De esta forma se podrá verificar si el problema es realmente normativo, o más bien es un problema sectorial o de cualquier otra naturaleza. No soy muy partidario de estar cambiando las normas permanentemente o cada poco tiempo, y tampoco lo contrario, que las leyes se prolonguen indefinidamente. Pero una reforma tiene que estar sustentada en un análisis previo de cuáles son las causas y qué es lo que se persigue. Por ejemplo, se ha aprobado en fecha reciente una modificación de la Ley 27/1999, de Cooperativas, que afecta al capital social, para su adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Se ha aprobado también la norma de la participación de los trabajadores en las cooperativas europeas, porque hay una Directiva que lo exige. Por lo tanto, no me niego a una nueva Ley de Sociedades Laborales o a su modificación, sino simplemente que hagamos el análisis previo. En cualquier caso, para cualquier modificación importante de esta Ley no hay plazo suficiente en esta legislatura, tendrá que ser para la próxima. De hecho, en el estudio que pretendemos hacer de la situación del sector nos hemos emplazado todos, entre ellas las organizaciones de sociedades laborales y del resto de la economía social, a hacerlo para el próximo semestre, con lo que hasta que no pase ese periodo no podremos determinar qué medidas son necesario adoptar.
-El Ministerio de Trabajo, por otra parte, ha impulsado en estos años una serie de medidas de impacto como la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia o la Reforma Laboral. ¿En qué medida ha participado su Dirección General en estas disposiciones?
-En lo que respecta a la Reforma Laboral ha sido muy importante la participación de la Dirección General de la Economía Social y del sector, en tanto en cuanto se han recogido algunas reivindicaciones importantes de la economía social. Una de ellas era el reconocimiento de la prestación por desempleo en los casos de socios trabajadores de duración determinada. Asimismo, se dio por finalizado un proceso antiguo, sobre las deudas que se habían adquirido en el proceso de reconversión de empresas en sociedades laborales y en cooperativas -los procesos de reconversión industrial-, con los convenios del FOGASA. Pues bien, se han eliminado dichas deudas. Se ha tenido también en cuenta en toda la normativa de contratación estable la especificidad de las cooperativas y sociedades laborales en cuanto a los socios trabajadores, es decir, todas las bonificaciones que se establecen para la contratación vía asalariados de forma estable se han extendido a los socios trabajadores. Y, por último, un tema de interés era el mandato de la Ley para el crecimiento y el empleo para que se regulara las empresas de inserción, y que se hiciera en seis meses, cosa que se ha hecho en ese plazo. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Proyecto de Ley que se debatirá próximamente en el Congreso.
-¿Y en las leyes de Igualdad y Dependencia?
-En el tema de la Ley de Igualdad, lo mismo. Se han incorporado elementos que afectan al colectivo que está cotizando al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y eso no solamente afecta al autónomo individual, sino a los autónomos que están en empresas de economía social. Y en el caso de la paternidad se han establecido medidas que benefician a los socios trabajadores de empresas de la economía social equivalentes a las reconocidas para asalariados y asalariadas. Por otra parte, la Ley de Dependencia es un instrumento donde el gran reto lo tienen las empresas de economía social. Estoy convencido que, en muchas de las normas recogidas en la Ley de Dependencia, por las características que tienen las empresas de economía social, de solidaridad, participativas e intensivas en el factor trabajo, pueden prestar un servicio muy importante.
Imagen: Juan José Barrera.
