31/10/2007

CEPES aplaude la aprobación por unanimidad de la Ley de Empresas de Inserción en el Congreso de los Diputados

La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes, 30 de octubre, por unanimidad el Proyecto de Ley que regula el régimen de empresas de inserción, por lo que tras el trámite en el Senado, el proyecto podría quedar aprobado en un mes. Durante el debate del texto, todos los grupos destacaron la importancia de dotar de un marco legal a estas empresas, que venían desempeñando su labor sin regulación alguna a nivel nacional desde hace casi 20 años.

Mediante la nueva normativa, las empresas de inserción recibirán ayudas y bonificaciones por la tarea de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo.

Entre otras cuestiones, la Ley regulará los tipos de contratos y establecerá bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social de 850 euros, durante toda la vigencia del contrato o durante tres años en caso de contratación indefinida.

Nueva filosofía de entender la inclusión social

Según la portavoz socialista de la Comisión de Trabajo, Esperança Esteve, "estamos haciendo un esfuerzo no en pro de una ley que va a beneficiar a un grupo de personas, sino que estamos optando por una nueva filosofía de entender la inclusión social a través del trabajo y el empleo".

Desde el PP, José Eugenio Azpiroz explicó que aunque se podrían mejorar algunos aspectos "lo que se ha aprobado es importante" y sirve para reconocer la labor de las personas que estaban trabajando en estas empresas y para dotarlas de un instrumento jurídico "que les permita ahondar en este quehacer".

Por su parte, la diputada de IU Carme García aseguró que el martes fue "un día histórico" para el sector, por la aprobación de una ley que permitirá a las empresas de inserción pasar "de ocupar un lugar muy importante pero invisible a un marco de normalización de derechos y deberes".

Medidas sociales y de adaptación profesional

La iniciativa legislativa, que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.

Las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir al menos el 80% de los resultados en la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.

Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán establecer contratos de trabajo temporal de fomento del empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.

Por otro lado, podrán firmarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada, ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.