23/11/2023

Pablo Bustinduy, nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Pablo Bustinduy Amador es el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, sustituyendo a la que hasta ahora ocupaba esta cartera, Ione Belarra, y asumiendo competencias del hasta ahora Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón. El nuevo titular del Ministerio es uno de los cinco ministros y ministras con lo que contará la formación Sumar en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

El nuevo encargado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene 40 años (nació en 1983), y es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.

Como recoge su perfil del Congreso de los Diputados, Bustinduy cuenta también con un máster en Historia y Pensamiento Político por el Instituto de Estudios Políticos de París (mención Summa Cum Laude), y es doctor en Filosofía por la ‘New School for Social Research’ de Nueva York.

Bustinduy ha sido profesor de varias universidades en EE.UU. Italia y España. En concreto, de centros estadounidenses como las Universidades de Fairfield, Saint Francis College y SUNY University; la Università Statale di Milano y la Universitat Pompeu Fabra.

Pablo Bustinduy es hijo de Ángeles Amador, titular de la cartera de Sanidad durante el Gobierno de Felipe González entre 1993 y 1996. Su padre, Javier Bustinduy, fue ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y fundador de la red de Cercanías de Renfe.

En sus primeras declaraciones tras su toma de posesión, Bustinduy ha afirmado: “La política social debe fundar horizontes de certidumbre para un mundo en crisis [...] Dedicaré mi tiempo a ampliar los derechos sociales, condición esencial de la democracia, a defender un modelo de consumo justo y sostenible, y a que España sea referente de desarrollo e igualdad”.

Garantizar los derechos económicos y sociales

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector ha reclamado que el nuevo Gobierno desarrolle y materialice un programa dirigido a garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y a luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Como ha señalado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “esperamos que este Gobierno desarrolle un intenso paquete de políticas sociales y de inclusión, y que tenga en cuenta y facilite la participación del Tercer Sector como interlocutor fundamental”.

La Plataforma del Tercer Sector reconoce que el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar tiene cierto carácter social e incluye muchas de sus propuestas, sin embargo, hay otras cuestiones de gran relevancia para el sector que no se han incorporado. “Nuestro objetivo es que el nuevo Gobierno profundice lo máximo posible en esas medidas sociales, además de trabajar para que se incluyan otras que no se han tenido en cuenta”, ha asegurado Luciano Poyato.

De forma concreta, la Plataforma del Tercer Sector pide al nuevo Gobierno una reforma de la Constitución Española para dotar de rango de derechos fundamentales a los derechos sociales y, específicamente, la modificación del artículo 49, dedicado a las personas con discapacidad, como viene reclamando desde hace años.

Aumentar la asignación de la X Solidaria 

Además, la Plataforma del Tercer Sector propone aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales, ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, reducir la pobreza energética y mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital. En materia de salud, apuesta por garantizar el acceso universal y gratuito a la atención especializada por psicólogos y psiquiatras para toda la ciudadanía.

La plataforma también solicita una regularización para reconocer los derechos de las personas que se encuentran en nuestro país en situación administrativa irregular, aumentar el presupuesto destinado a las políticas de Cooperación al Desarrollo y la aprobación de una Estrategia Estatal de Voluntariado.

Asimismo, reclama que leyes y decretos fundamentales y de gran importancia que no se aprobaron en la pasada legislatura, como la Ley Integral de Protección a las Familias, la Ley de Servicios Sociales o los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector y de la Ley de Voluntariado, sean impulsados por el nuevo Gobierno.