09/05/2024
Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias Asaja y COAG presentan el documento ‘Agricultura, cuestión de Estado’
Los máximos representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; Asaja, Pedro Barato, y COAG, Miguel Padilla, han presentado en rueda de prensa un documento de consenso, que reúne 12 medidas en materia de Política Agrícola Común (PAC), comercio internacional, Ley de la Cadena Alimentaria, agua, ganadería, relevo generacional, trabajo, financiación, fiscalidad, seguros agrarios, medio ambiente y fauna salvaje.
El documento ‘Agricultura, cuestión de Estado. Unidad de acción: soluciones para el campo’ pide en primer lugar una simplificación real de la PAC y la eliminación de burocracia para agricultores y ganaderos. Considera que desde el punto de vista del agricultor o ganadero la PAC actual incrementa la complejidad regulatoria, supone un coste adicional y no reconoce los avances ecológicos conseguidos por el sector en los últimos años.
En segundo lugar, el documento solicita el cumplimiento de los acuerdos comerciales y la introducción de las cláusulas espejo en los mismos. Las cooperativas llaman la atención respecto a la “competencia desleal” en las importaciones de productos agrarios y agroalimentarios a la UE “que no cumplen las normativas europeas, reduciendo los precios internos”.
Aseguran que este tipo de acuerdos de Libre comercio generan impactos negativos en los agricultores y las cooperativas, y apuntan la necesidad de establecer normas coherentes con la normativa de la UE y controles efectivos. Para ello proponen la creación de una Comisión Permanente sobre importaciones.
Garantizar la rentabilidad de las explotaciones
El tercer punto del documento es el establecimiento de una Ley de la Cadena Alimentaria que garantice de una forma real la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y remarca que el Observatorio de la Cadena Alimentaria se constituya como órgano de transparencia y referencia del mercado.
El escrito reivindica también una visión común y no partidista sobre el uso del agua en el cuarto de los puntos, y reclama el aumento de las inversiones gubernamentales para la mejora de los regadíos ante el inminente déficit hídrico, y concienciar sobre su potencial como sistema productivo.
La quinta parte del documento trata de reconocer la importancia de la ganadería extensiva e intensiva, y señala que se ha de proteger este sector con normativas que lo reconozcan como alternativa ecológica frente a las catástrofes ambientales. Es por ello que defienden que cualquier normativa que afecte a los sectores ganaderos debe contar con estudios de impacto y debatirse bajo criterios de evidencia científica.
En sexto lugar piden la adaptación de la vigente Reforma Laboral a las necesidades del campo por circunstancias de producción, teniendo en cuenta la aplicación de los contratos de 90 días en las campañas agrarias cuando las necesidades de producción lo requieran, así como bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del SMI, con el fin de vencer los casos de precariedad laboral.
Otras de las peticiones relevantes del escrito tienen que ver con la mejora de la formación profesional del sector agrario, que facilite el relevo generacional, con la incorporación de los jóvenes al campo.
El documento conjunto concluye con un punto referido a la fauna salvaje en el que piden la suspensión de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
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