14/11/2024

CEPES detecta 20 trabas administrativas cuya eliminación permitiría ahorrar hasta 35 millones de euros a la Administración y empresas de economía social

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha encontrado 20 trabas administrativas durante el ejercicio del 2024, cuya eliminación permitiría un ahorro estimado de hasta 35 millones de euros para la Administración y las empresas de economía social, según los cálculos aportados por la Confederación.

Es el resultado del análisis realizado en el marco del convenio que tiene suscrito CEPES desde 2022 con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en materia de simplificación y eliminación de trabas administrativas para las empresas y entidades de la Economía Social.

Se trata de un acuerdo de carácter bienal que ha permitido a CEPES continuar con la identificación de trámites y cargas burocráticas innecesarias, así como sugerir cambios que faciliten su simplificación. En el análisis han participado más de 20 entidades representativas de la Economía Social, con un total de 30 profesionales implicados, todos ellos vinculados a socios de CEPES, así como sus estructuras representativas de carácter territorial y empresas asociadas en siete comunidades autónomas diferentes.

Las trabas detectadas están vinculadas a los procesos de constitución de empresas y entidades de la Economía Social, a tareas de gestión empresarial, y a los trámites relacionados con ayudas y subvenciones para su funcionamiento. Más concretamente, las dificultades se centran en la comunicación entre organismos involucrados en la creación de cooperativas, o permitir el alta de los socios trabajadores de cooperativas en cualquier régimen de Seguridad Social antes de su inscripción en el Registro de cooperativas, entre otras.

También se encuentran obstáculos para la constitución de sociedades laborales mediante DUE; facilitar a los Centros Especiales de Empleo la consulta de sus clientes acogidos a medidas alternativas; desarrollar una herramienta telemática entre el SEPE y los registros autonómicos cuando se solicita la capitalización de la prestación por pago único, o habilitar a las Cofradías de Pescadores para realizar procedimientos administrativos electrónicos en representación de armadores y pescadores.

Estudio e identificación de inconvenientes

La labor de identificación se ha llevado a cabo mediante la colaboración entre la Confederación y expertos y especialistas en diferentes áreas de actuación acordadas para conocer sus análisis, y también para perfilar y contrastar medidas específicas. También se han celebrado foros y actos que han servido para dar visibilidad a la política de reducción de cargas administrativas.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha invitado a reforzar la colaboración público-privada, ya que, bajo su punto de vista, “es una línea de trabajo clave para seguir avanzando en la mejora de la eficiencia y la agilidad de los procesos para las empresas de Economía Social”.

Y volvió a destacar que la implantación de estas medidas “supondría el ahorro estimado de casi 35 millones de euros tanto para la Administración Pública como para las empresas implicadas, siendo una cantidad importante que avala la continuidad de esta línea de trabajo”.

Modernización y simplificación de los procesos administrativos

Este convenio, publicado en el BOE, persigue “la modernización, racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, en cuanto propicia la reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración, contribuye a reducir los costes administrativos de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas y a estimular su desarrollo”.

A través de sus socios y de las estructuras territoriales asociadas a los mismos, CEPES participa desde 2022 con la Administración General del Estado en esta materia. Con el objetivo de seguir avanzando en esta línea de trabajo colaborativo, la patronal de la economía social y el actual Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública formalizaron en 2023 un nuevo convenio bienal que, por su mayor duración, dota de estabilidad a la política de reducción de cargas. Un convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Este convenio se une además a los firmados por el mismo Ministerio con CEOE-CEPYME, Cámara de España, ATA, CERMI, UPTA y PMP.