29/04/2026

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado su manifiesto para el 3 de mayo de 2026, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el vigésimo aniversario de este tratado internacional de derechos humanos, bajo el lema “una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro”.
Este 2026 se cumplen veinte años de la adopción de la Convención, instrumento que supuso un cambio de paradigma al reconocer a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos y protagonistas de sus propias decisiones vitales en igualdad de condiciones.

Las claves del manifiesto

En su manifiesto, el CERMI empieza destacando los avances logrados en estas dos décadas gracias a la Convención, entre ellos el fortalecimiento del reconocimiento jurídico de derechos, la mayor participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la gobernanza pública, así como los progresos en accesibilidad universal, el acceso al empleo y a la protección social, y el reconocimiento del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
De la misma manera, incidió en el papel decisivo del movimiento asociativo de la discapacidad, de las instituciones públicas y de los agentes sociales y económicos en la consolidación de este enfoque de derechos.å
El CERMI señaló que, a pesar de que persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación que exigen mantener y reforzar el compromiso colectivo con la plena aplicación de la Convención, la entidad reafirma que seguirá promoviendo reformas legales, políticas públicas inclusivas y medidas efectivas que garanticen la igualdad real y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.

20 años del Día Nacional

El 3 de mayo fue declarado Día Nacional de la Convención en España por decisión del Consejo de ministros, a propuesta del CERMI, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la toma de conciencia sobre la discapacidad como cuestión de derechos humanos.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención, pionera en Europa, comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo. Se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de estos sea pleno y efectivo.