26/03/2026

El proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social superó este jueves, 26 de marzo, en el Pleno del Congreso, su último trámite parlamentario, por lo que la norma queda aprobada definitivamente y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al debate y votación en el Congreso asistió una nutrida representación de entidades de la economía social, del tercer sector de acción social y de la discapacidad.

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno inicialmente en octubre de 2024. Al mismo, el Grupo VOX presentó una enmienda a la totalidad de devolución, que fue rechazada por el Pleno en marzo de 2025. A partir de entonces el texto fue remitido a la Comisión de Trabajo y Economía Social del Congreso de los Diputados, quien el pasado mes de diciembre lo aprobó con competencia legislativa plena, por 19 votos a favor y 18 en contra, lo que ya anticipaba una fuerte división en torno al proyecto de ley. En dicha comisión se impuso la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, incluido Junts, frente al rechazo de PP y Vox.

Los ‘populares’, con mayoría en el Senado, incorporaron semanas después más de 40 enmiendas al proyecto de ley en la Cámara Alta, enmiendas que se han rechazado en su mayoría este jueves de nuevo en el Congreso de los Diputados. Entre las enmiendas sí aprobadas se encuentra algún cambio terminológico y permitir que las cooperativas de servicios puedan realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios hasta un 50 % de la actividad total de la cooperativa.

Como cierre del debate parlamentario, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció a los grupos políticos que «han entendido la importancia de la Economía Social», ayudando a sacar adelante la norma: «Hoy aprobamos una ley importante, que quizá no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que queremos construir».

Díaz dio las gracias también por sus aportaciones al tejido asociativo de la economía social, encabezado por CEPES, proclamando que con esta norma “damos una lección a la ciudadanía, diciendo que podemos seguir trabajando juntos por el bien común”.

Intenso debate

En el pleno participó por parte del PP la diputada Violante Tomás, que declaró que esta Ley es “una oportunidad perdida” para fortalecer la economía social, de la que dijo que “no es un eslogan ni un instrumento ideológico”, sino que es empleo, inclusión, desarrollo y “una oportunidad real para miles de personas en nuestro país, que no pueden permitirse leyes mal hechas”.

Contra el texto se expresó también el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien elogió los propósitos de la economía social y de sus entidades representativas, pero aclaró que no es un “bloque homogéneo”, ya que “conviven realidades distintas”. A su juicio, la Ley es una muestra más de la injerencia del Estado en la economía, cuando a lo que se debe limitar es a “ayudar y acompañar, pero no a sustituir ni dirigir”.

A favor del texto se manifestó la diputada socialista Marta Trenzano, quien elogió la economía social, su peso en el tejido productivo y su potencia en los ámbitos rurales, frente “a la lógica de la deslocalización y la especulación”. Asimismo, subrayó que representa “una herramienta clave para los grandes retos de nuestro tiempo”, por lo que “no es casualidad” que resista mejor las situaciones de crisis.

También se mostraron a favor del texto, con matices, los diputados catalanes Josep Maria Cervera (Junts) y Jordi Salvador (Esquerra), así como la canaria Noemí Santana (Podemos).

Cuatro artículos, que modifican cada uno una ley

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) consta de cuatro artículos que modifican cuatro de las leyes clave que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas (1999), la Ley de las Empresas de Inserción (2007), la Ley de Economía Social (2011) y la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (1990).

En su artículo primero, la nueva normativa actualiza la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. En concreto, digitaliza y adapta al siglo XXI el funcionamiento interno de las cooperativas mediante nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías, y amplía los derechos de información y participación digital de los cooperativistas.

El principio cooperativo de igualdad se refleja de forma más efectiva mediante la elaboración de planes de igualdad cooperativos. La ley contempla la creación de Comisiones de Igualdad, impulsa la conciliación y establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.

Otro de los avances más relevantes de la nueva norma es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Esto permite proteger la identidad cooperativa frente a usos instrumentales o fraudulentos.

Empresas de inserción

La norma, en su artículo segundo, modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

El texto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias. Así, la ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral.

Nueva modificación de la Ley de Economía Social

En el tercer artículo se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. La ley eleva el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del Tercer Sector y se añade en el catálogo de entidades de economía social a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis), frente a los de iniciativa capitalista, que dejan de ser considerados economía social.

Impulso a las cooperativas de vivienda en cesión de uso

Por último, el artículo cuatro modifica la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, impulsando fórmulas innovadoras de la economía social como la vivienda cooperativa en cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. Se reconoce por vez primera como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.