22/01/2026

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las principales conclusiones del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones. El informe propone un sistema integrado de políticas públicas, ampliación del parque social de vivienda, protección de la infancia y la juventud, y una regularización extraordinaria de personas migrantes. El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de enero en el Palacio de la Moncloa, lugar en el que el presidente de Cáritas advirtió que la exclusión social afecta a 9,4 millones de personas en nuestro país.

En el estudio presentado se señala que la infancia y la juventud son los eslabones más débiles del actual modelo socioeconómico, y apunta que el 29 % de la niñez en España se encuentra en exclusión, y 2,5 millones de jóvenes viven atrapados en la precariedad estructural, con temporalidad, parcialidad y salarios bajos, que duplican la media de la población.

Además, el Informe advierte que la vivienda se ha convertido en los últimos años en el epicentro de la desigualdad en nuestro país, en el que uno de cada cuatro hogares está siendo expulsado del acceso residencial digno, mientras que el 45 % de las personas en alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión.

El IX Informe FOESSA presentado ahora al Ejecutivo, ya fue presentado ante la opinión pública en noviembre de 2025. Desde entonces sus conclusiones han sido trasladadas a las distintas administraciones públicas, partidos políticos, y distintos ámbitos académicos y sociales. El estudio está basado en fuentes oficiales y en una encuesta propia, la EINSFOESSA, la mayor operación privada sobre condiciones de vida, realizada a casi 12.300 hogares de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas.

Desde 2007, la Fundación FOESSA -creada por Cáritas en 1965- analiza el desarrollo y la exclusión social en España, y desde 2014 lo hace también a escala autonómica, a través de informes territoriales. Su objetivo es mirar la realidad y buscar soluciones para transformar el país.

Políticas públicas necesarias

Tras la presentación de los datos, Bretón hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas, tales como una reforma estructural de la vivienda con una ampliación del parque social en alquiler; la protección económica a la infancia y a la juventud para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad y una integración migratoria basada en derechos y en convivencia.

“Esto requiere un consenso político. Vivienda, relevo generacional, desigualdad climática, sostenibilidad fiscal, integración migratoria: son políticas de país, no de legislatura. Y estas políticas demandan un ‘nosotros’ inclusivo”, trasladó Bretón antes de asegurar que “la exclusión es evitable. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados. El desafío ahora es extender esos resultados a quienes siguen esperando. Ese es el sentido del cambio social que proponemos para España y sus territorios”.

Otro de los resultados del Informe que más ha llamado la atención de Cáritas ha sido la situación de las personas migrantes, ya que el estudio indica que la situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68 % se encuentre en exclusión social. De hecho, Cáritas ha contabilizado que el 47 % de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale a aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que crece desde 2019.

El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero, tal y como recordó el titular de Cáritas al presidente del Gobierno, está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Bretón solicitó al presidente del Gobierno que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria. Esta es una situación con la que lleva trabajando Cáritas, que recuerda que dicha regularización ha sido demandada también por amplios sectores de la sociedad, con el apoyo de más de 60.000 firmas.