Debatida en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, junto a las modificaciones incorporadas a su redacción en las reuniones previas de la ponencia, la Plataforma del Tercer Sector reconoce que esta reforma del derecho civil será “un antes y un después” en la vida de muchas personas con discapacidad y sus familias.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, coincidiendo con el primer aniversario de la declaración del estado de alarma, que se cumple el próximo domingo, 14 de marzo. Poyato ha aprovechado este hecho para recordar el papel que están desempeñando las ONG en la lucha contra el virus.

El promedio de mujeres en los órganos de gobierno de las asociaciones y fundaciones se sitúa en el 45% sobre un total de 2.211 miembros, según un estudio de la Fundación Lealtad. El 47% de las ONG están dirigidas por mujeres que gestionan en su conjunto más de 350 millones de euros, atienden a 26 millones de beneficiarios, tienen alrededor de 12.300 empleados y cuentan con cerca de 80.000 voluntarios.

Desde la Plataforma de ONG de Acción Social, dando continuidad en 2021 a la línea de trabajo sobre cumplimiento normativo, este año el objetivo es dotar de diversas herramientas al sector para alcanzar niveles óptimos de cumplimiento. Para ello se pide la participación en una encuesta.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha celebrado que las entidades sociales sean consideradas como colaboradoras de la Administración General del Estado para poder acreditar y reconocer la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que aprobó el Gobierno a finales del año 2020.

Se trata de una iniciativa lanzada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que cuenta con más de 75 aliados, entre ellos CEPES y la Plataforma del Tercer Sector. Su objetivo es “cambiar la senda de la pobreza infantil en España mediante la colaboración entre Administración, empresas, fundaciones y tercer sector”.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, durante la celebración del I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPED), en el que se ha presentado el Pacto Digital para la Protección de las Personas, proyecto al que se ha adherido el Tercer Sector.

Dirigido por los catedráticos Rafael Chaves y José Luis Monzón, este Libro Blanco ha sido elaborado por un potente y experimentado equipo investigador del CIRIEC-España y la Universitat de València, y su realización ha sido posible gracias al patrocinio de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha editado este documento, que analiza el papel de las ONG y su impacto social. Concretamente, se hace hincapié en la intervención realizada durante la crisis financiera y económica vivida del 2008 al 2013, el periodo post-crisis (2014 -2018) y la respuesta del propio Tercer Sector ante la situación crítica actual provocada por la COVID-19.

Cinco plataformas y entidades singulares del tercer sector social de Castilla y León (CERMI, EAPN, ONCE, Cruz Roja Española y Cáritas) culminaron el pasado 14 de diciembre en Valladolid la constitución de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León (PTSCYL), que se suma a otras 10 mesas y plataformas territoriales del Tercer Sector en España.

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) celebró el pasado 5 de diciembre el Día Internacional del Voluntariado, que desde 1986 se conmemora según resolución de la asamblea general de Naciones Unidas. Dicha resolución exhorta a los Gobiernos a adoptar medidas para que se cobre mayor conciencia de la importante contribución de los voluntarios.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha recalcado la necesidad de proteger los derechos sociales en la Constitución Española y ha defendido una reforma de la misma porque considera “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de estos derechos y más teniendo en cuenta la situación “socialmente crítica” que ha ocasionado la Covid-19. Así, ha pedido que estos derechos se eleven a la categoría de ‘fundamentales’, de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

Durante la reunión, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, presentó las principales conclusiones del balance de resoluciones de las subvenciones con cargo al IRPF del año 2020 elaborado por la PTS. Según dichas conclusiones, existe una «tendencia a la micro financiación», que ya se arrastraba de convocatorias anteriores, pero que en este ejercicio se ha acentuado aún más.

El documento que ha presentado la Plataforma del Tercer Sector recoge 14 propuestas de enmiendas en materia de política fiscal, políticas de no regresión, no discriminación, modernización y digitalización, cooperación internacional y sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social.

El Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, regula y reparte la recaudación de la casilla Empresa Solidaria, de Impuesto de Sociedades.

La campaña “Consume Dentro” busca fomentar el consumo interno dentro de la Economía Solidaria, desde el convencimiento de que reforzar los propios circuitos económicos, produciendo y consumiendo en las entidades de economía social y solidaria, es hoy más necesario que nunca.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, durante la Asamblea General que se ha celebrado este miércoles, 28 de octubre, y en la que se ha insistido en la necesidad de que exista un compromiso firme por parte de la comunidad política que garantice unas condiciones de vida que permitan un desarrollo vital digno al conjunto de la sociedad.

En este décimo informe se muestran los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) y de sus componentes, entre los años 2008 y 2019.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que la ley establece 11 desarrollos normativos, pero que hasta el momento sólo se ha aprobado uno, que es el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil.

Cruz Roja inicia la segunda fase de su Plan RESPONDE frente a la COVID-19, lanzado el pasado mes de marzo para atender a las personas más vulnerables ante la pandemia, y focalizará sus esfuerzos en la mejora del acceso al empleo y la lucha frente a la brecha digital, entre otras intervenciones clave en áreas como la respuesta sanitaria y de emergencias.

Según sus datos, en dicho año la Plataforma de ONG de Acción Social estuvo integrada por 35 organizaciones no gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes estatales representativas del país, que realizaron cerca de 15 millones de atenciones a personas y contaron con la colaboración de 3,5 millones de personas socias, 410.000 personas voluntarias y 106.000 trabajadores.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha pedido al Gobierno y a los diferentes partidos políticos que sitúen “lo social” en el centro de las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para abordar así “la verdadera recuperación y transformación que necesita España” tras la pandemia del coronavirus.

Entidades miembros de la propia Plataforma del Tercer Sector (PTS), como la Plataforma de Infancia, ONCE, Cáritas, CERMI y EAPN, habían realizado sus propuestas en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados.

El presidente de la PTS, Luciano Poyato, ha informado que la Plataforma del Tercer Sector se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los diferentes ministerios e incluso con los partidos políticos de la oposición y los grupos parlamentarios para exponerles “la grave situación” que está viviendo el sector.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en un encuentro con medios de comunicación, en el que se ha analizado «el peligro que supone para las entidades no dotarlas de los medios financieros necesarios en un contexto de crisis social y económica».