Actualmente ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad es posible gracias a más de la mitad de la población (un 54%) que marca la casilla “X Solidaria”, lo que ha supuesto recaudar más de 360 millones de euros en el ejercicio anterior. Sin embargo, todavía hay un 46% de los contribuyentes que no marca la casilla.

Las organizaciones apelan al consenso político para no retrasar la aprobación definitiva de dicha Ley en el Congreso de los Diputados.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha calificado de hito histórico la aprobación del nuevo Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal y ha aplaudido que España esté ahora más cerca de los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a niveles de protección social.

La Campaña #RentaMínimaSí moviliza a la sociedad civil ante la inminente aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno español.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales comunica a los representantes de la Plataforma del Tercer Sector que las entidades de ámbito estatal podrán gestionar el 14% de lo recaudado en la X Solidaria del IRPF, en vez del 20% fijado tras resolución del Tribunal Constitucional.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha subrayado que el proceso de desescalada que el Gobierno de España está diseñando debe regirse “por los principios de la buena gobernanza”, entre los que, a su juicio, se encuentra la cooperación con la sociedad civil, mediante la propia PTS y sus entidades miembros.

Un elevado porcentaje de las personas que han muerto por coronavirus vivían en residencias de personas mayores. Para la Mesa, “estos datos ponen de manifiesto la profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración, así como la falta de respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida”.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España un documento que recoge sus propuestas, un total de 29, al Programa Nacional de Reformas 2020. Este documento ha sido elaborado por la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN-España) y recoge todas las propuestas de las entidades miembro de la propia PTS.

El Secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ignacio Álvarez, se ha comprometido con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) a incluir el 95% de sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas, que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la grave situación social que está desencadenando el Covid-19.

Las entidades sociales han aplaudido que el Gobierno haya tenido en cuenta las demandas de la Plataforma del Tercer Sector para poner en marcha, por ejemplo, la moratoria de las hipotecas y alquileres, la prohibición de los desahucios, la extensión del bono social, las ayudas para paliar la pobreza infantil y facilitar la conciliación familiar, y el subsidio temporal para las empleadas del hogar, entre otras iniciativas.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha pedido a las autoridades sanitarias y sociedades científicas evaluar sus protocolos y manuales de actuación en este tipo de situaciones de crisis para evitar que se discrimine a estas personas por tener una edad avanzada o una discapacidad.

Un 11% de personas solamente marca la casilla de la Iglesia, aunque ambas casillas no son excluyentes y la aportación suma. Y un 35% de contribuyentes no elige el destino de sus impuestos y deja en blanco su asignación. En 2019 se recaudaron más de 360 millones de euros que irán destinados a proyectos desarrollados por las ONG.

Un Grupo Operativo entre la Plataforma del Tercer Sector y el Gobierno tendría el objetivo de tener una interlocución real y efectiva para poder gestionar la pandemia desde el punto de vista social, atendiendo a las necesidades de las propias entidades, sus trabajadores y voluntarios, para que puedan atender en las mejores condiciones la nueva realidad derivada de la crisis sanitaria.

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE), a través de su Observatorio, ha elaborado un nuevo informe sobre el perfil de las personas voluntarias en nuestro país, un retrato que se corresponde con una mujer de entre 35 y 54 años, que tiene trabajo, un nivel socio-económico medio alto y posee estudios.

Más de 40 entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector (PTS), han reclamado ante el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip Alston, la urgencia de aprobar políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad, recuperando los presupuestos sociales y garantizando los derechos humanos.

Según afirma el Informe, el Tercer Sector de Acción Social se encuentra en una “etapa avanzada de consolidación”, que se caracteriza también por ser una etapa de “crecimiento y rejuvenecimiento institucional”, debido a la aparición de un buen número de nuevas entidades en los últimos años.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) y la Plataforma de ONG de Acción Social presentarán este viernes, 31 de enero, a las 9:30 horas en la sala de exposiciones de Cruz Roja Española (Avda. Reina Victoria nº 26. Madrid) el estudio ‘El Tercer Sector de Acción Social en España 2019’, cuyos resultados mostrarán una fotografía del sector social, que permita conocer su evolución y contribución al desarrollo social en nuestro país. Además, se analizarán los retos a los que se enfrentan las entidades sociales en el nuevo escenario sociopolítico.

La directora de la Plataforma de ONG, Marisa Gómez Crespo, destaca la relevancia de los datos que aporta el Estudio “para esclarecer el número de entidades sociales, los sectores principales de actividad y su contribución al desarrollo social en España”.

Una importante representación de la Plataforma del Tercer Sector asistió el pasado lunes a la toma de posesión del vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. En dicho acto el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, afirmó que “tras una época de inestabilidad política en la que los temas sociales han estado fuera de la agenda institucional, es momento ya de tomar las riendas para avanzar en igualdad, inclusión y derechos fundamentales”.

Para el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, la nueva vicepresidencia “significa que los asuntos sociales han ganado posiciones en la agenda política”, lo que ha calificado de un “hecho inédito”. Respecto al titular de dicha vicepresidencia, Pablo Iglesias, el presidente del CERMI confía en que pueda hacer “diseños ambiciosos y transversales”.

La Asamblea de la Plataforma de ONG de Acción Social, celebrada el pasado 11 de diciembre, aprobó el Plan de Trabajo y Acción para el año 2020. Dicho Plan está enmarcado en el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (2017-2021) y tendrá como objetivo lograr el reconocimiento como agente transformador de las ONG y construir un proyecto social conjunto capaz de afrontar los nuevos retos sociales.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que engloba a más de 30.000 entidades sociales, ha realizado un pronunciamiento público contra el cambio climático, un fenómeno que, en su opinión “aumenta las brechas sociales, incrementa la desigualdad y produce más pobreza.

En el Seminario participaron la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, junto a 200 personas, entre representantes de las redes autonómicas y entidades estatales de EAPN, personas expertas de políticas de inclusión social y representantes políticos.

Así lo ha afirmado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, durante la Asamblea General de la Plataforma, celebrada el 12 de noviembre en la sede de la Fundación ONCE, en Madrid. La conclusión a la que ha llegado la PTS es que es necesario “formar un Gobierno estable de manera urgente” para poder hacer frente a esta situación y luchar “para no retroceder en derechos fundamentales.

Además, las organizaciones sociales esperan que el nuevo Gobierno trabaje por avanzar en igualdad e inclusión y no retroceder en derechos fundamentales.