10/12/2020

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) plantea que el anteproyecto de Ley de la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación promueva la carrera profesional de los investigadores con discapacidad.

La actualización de esta ley tiene previsto mejorar las infraestructuras científicas, tecnológicas e innovadoras, tanto desde el punto de vista de su capital humano como desde la transferencia de resultados de la actividad investigadora al ámbito público y privado.

En este sentido, en lo relativo a la reforma de la carrera profesional, el CERMI propone que se tenga presente y se mencione “expresamente” a las personas con discapacidad como una parte de los profesionales de la carrera investigadora, y que remueva los obstáculos a los que se enfrentan con medidas positivas que promuevan y fomenten de manera eficaz su participación, presencia y progresión dentro de dicha carrera.

El CERMI también destaca que, sobre esta nueva regulación, se deben proyectar las medidas legales sobre el cupo de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad (7% en empleo público; 2% en empleo privado), adoptando medidas favorables para su plena inclusión y revertir así las situaciones de desigualdad de las que parten estas personas.

Además, plantea que se incluya un precepto específico a las entidades sociales no lucrativas integradas en el Tercer Sector de Acción Social y en el sector social de la discapacidad como “operador relevante reconocido del sistema español, con presencia y participación en representación de la sociedad civil organizada, en la gobernanza del mismo”.

En el marco de estas aportaciones, el CERMI recuerda que la ONU insta a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para luchar contra la “profunda discriminación” que sufren las personas con discapacidad en el disfrute del derecho a participar en el progreso científico y poder gozar de sus beneficios.

Según indica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta discriminación por razón de discapacidad en el acceso a la ciencia se debe a “graves” obstáculos físicos, de comunicación e información que les impide acceder a la educación y a las carreras científicas básicas y superiores, sin tener en cuenta sus especificidades y necesidades particulares.

Para ello, insta a los Estados a promover la participación de personas con discapacidad que sufren una discriminación múltiple en los procedimientos de adopción de decisiones relativas a la ciencia.

También reclama elaborar estadísticas sobre el acceso a la ciencia y sus beneficios desglosadas por discapacidad; promover tecnologías que faciliten su acceso a la educación y al empleo en el ámbito de la ciencia, incluyendo ajustes razonables cuando sea preciso; fomentar medidas para que puedan disfrutar de los productos del desarrollo científico; garantizar la accesibilidad de la información sobre divulgación científica, y adoptar medidas apropiadas para aumentar la conciencia sobre la capacidad y las contribuciones de las personas con discapacidad.

Imagen: Jóvenes con discapacidad participando en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.