El Día Nacional del Tercer Sector 2026 se dedicará a defender la cohesión social y el cuidado de la democracia frente a la polarización

La Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector celebró el pasado 25 de febrero en la sede de la Fundación ONCE en Madrid la primera reunión del año, un acto en el que dieron la bienvenida a María González, secretaria general de Cáritas, como nueva vicepresidenta de Alianzas y Discurso Social de la Plataforma del Tercer Sector, y acordaron dedicar el Día Nacional del Tercer Sector, el próximo 9 de octubre de 2026, a defender la cohesión social y el cuidado de la democracia frente a la incipiente polarización.

El Día Nacional del Tercer Sector 2026 se plantea, pues, como un espacio para situar esta realidad en el debate público, reivindicando el papel esencial del Tercer Sector en la defensa de derechos y en la construcción de convivencia.

El Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social se celebra en España el 9 de octubre para visibilizar y poner en valor el trabajo de las entidades sociales, voluntariado y profesionales que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad. Declarado, además, por el Consejo de Ministros en 2022 con motivo de la aprobación de la Ley del Tercer Sector, es una jornada de reivindicación de justicia social y derechos humanos.

Los puntos clave de la reunión

El presidente de la PTS, Luciano Poyato, subrayó la complejidad del actual contexto global, marcado por la inestabilidad geopolítica, los retrocesos democráticos y el avance de la desinformación y la polarización, fenómenos que “están impactando directamente en la sociedad y en la percepción social del Tercer Sector”.

Es por ello que, según Poyato, es indispensable reafirmar el papel del Tercer Sector como “infraestructura democrática imprescindible”.

“Tenemos que actuar con serenidad en un momento convulso, defender derechos en un entorno que los cuestiona y proyectar con mayor ambición nuestra voz en Europa”, aseguró antes de señalar el 2026 como un año clave para consolidar el posicionamiento político e institucional del Tercer Sector.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, incidió en que la polarización social, política y mediática está afectando directamente al funcionamiento del Estado de Bienestar y al ejercicio de los derechos sociales.

“Vivimos un momento en el que la desinformación, los discursos de odio y la estigmatización generan fracturas que debilitan la convivencia y erosionan la confianza institucional”, dijo la directora ejecutiva.

Reforzar la sostenibilidad del Tercer Sector

En el mismo sentido, el vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la PTS, Luis Cayo Pérez, coincidió en que este año será clave para reforzar la sostenibilidad del Tercer Sector, en un contexto de incertidumbre económica, presión sobre los sistemas de financiación pública y creciente complejidad normativa, y relató que el modelo actual “muestra límites estructurales que comprometen la estabilidad de las entidades debido a la excesiva dependencia de convocatorias anuales, la falta de previsibilidad financiera y la escasa adecuación de las reglas vigentes a la realidad de la acción social”.

Es por ello que el vicepresidente trasladó la necesidad de avanzar hacia un cambio profundo del modelo de sostenibilidad para impulsar un nuevo marco estable y duradero.

El 2026 estará marcado también, según Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional, por la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, el instrumento que define las prioridades políticas y presupuestarias de la Unión Europea para los próximos siete años. “El regreso de reglas fiscales más estrictas incrementa el riesgo de que se produzcan recortes en los fondos destinados a inclusión, empleo, cohesión y lucha contra la pobreza”, advirtió en su intervención.

Ajustes que, en su opinión, podrían afectar directamente a miles de entidades sociales en toda la UE y, en particular, al Tercer Sector español, que depende en buena medida de programas vinculados a los Fondos Sociales Europeos, “programas que sostienen los derechos y generan igualdad de oportunidades en un contexto de polarización y aumento de desigualdades”.

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