20/05/2025

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha celebrado el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo, con un acto el pasado 12 de mayo en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. Según se informa desde la Coordinadora, dos años después de su aprobación, destaca el reconocimiento y el consenso alcanzados, aunque el Estado «debe cumplir de forma urgente los compromisos con la financiación», que marca dicha Ley.

Actualmente, la Renta Nacional Bruta destinada en España a la Ayuda Oficial al Desarrollo es de un 0,24 %, lejos del 0,7 % que establece la Ley para 2030, según datos del Centre Delás difundidos por La Coordinadora. Al mismo tiempo, advierten, nuestro país supera el 2 % en gasto militar, lo que supone más de 27.000 millones de euros, cifra que contrasta ampliamente con la destinada a cooperación.

Estas cifras se encuentran además lejos de la media europea, que es del 0,51 %. No obstante, según defendió La Coordinadora, “España tiene la oportunidad de posicionarse como líder en la defensa de los derechos humanos y la paz”.

“Es hora de que España dé un paso al frente”, declara Javier Ruiz, presidente de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. “No podemos permitir que la falta de inversión ponga en riesgo la mejora de la vida de millones de personas. La cooperación no es un lujo, sino una inversión en estabilidad, derechos humanos y paz en un mundo cada vez más convulso”.

El incumplimiento de los compromisos españoles con la UE impactaría directamente en la vida de las personas, es decir, si España alcanzara el 0,7 % y destinara el 10 % estipulado por ley a la acción humanitaria, el número de personas beneficiadas se multiplicaría hasta cinco veces, por lo que España pasaría del millón actual a casi cinco millones de personas las que tendrían acceso a necesidades básicas como atención sanitaria, agua potable, alimentación o educación.

Además, defienden que es crucial garantizar políticas coherentes con los enfoques feminista, ecologista y pacifista, tal como recoge la Ley aprobada en 2023. La Coordinadora recordó que “estos enfoques deben ser garantizados en la cooperación y en toda la acción exterior del Estado para asegurar que los derechos humanos no se tiran por la borda”.

Llamada a la acción al Gobierno español

En este contexto, La Coordinadora hizo una llamada a la acción al Gobierno estatal, y reivindicó que “debe hacer los deberes de manera urgente”, al igual que los gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos.

Adicionalmente, “la media de inversión autonómica en cooperación es de solo el 0,12 %”, motivo por el cual La Coordinadora insistió en que esta cifra debe crecer hasta alcanzar al menos el 0,3 % en 2027, lo que supondría un aporte de 400 millones de euros adicionales, aseguraron.

Compromiso y consenso para sumar voluntades

El acto en el Congreso de los Diputados propició más de dos horas de diálogo que demostraron que la Ley y su desarrollo importan tanto a la Administración como a los partidos políticos y a los actores sociales. “Estamos comprometidas con ella y queremos seguir siendo parte de su desarrollo facilitando consenso y sumando voluntades”, manifestaron representantes de las ONG de Desarrollo.

El encuentro puso sobre la mesa un hecho incuestionable: los problemas que afectan al mundo son muy preocupantes y no esperan. El último informe del PNUD lo deja muy claro: existe una profunda desigualdad en todo el planeta que exige una respuesta urgente que mejore las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta.

En varios momentos del encuentro se hizo referencia a la preocupación por la agresividad de los discursos de extrema derecha, que cuestionan a quienes defienden derechos o apuestan por soluciones compartidas ante los retos planetarios. Las personas implicadas en el diálogo defendieron que mantener una sociedad informada, preocupada y activa en materia de cooperación implica el fortalecimiento de la educación para la transformación y la solidaridad global.

Y de nuevo una de las cuestiones que apareció de forma reiterada en el debate fue la referida a los desafíos de la financiación de la Ley. Entre sus propuestas, La Coordinadora pide que los próximos presupuestos generales del Estado deben suponer un salto importante en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo, que asegure la senda del 0,7% (al menos en el entorno del 0,4%), con un fortalecimiento muy sustantivo de la AECID y de la partida 143ª -como demandó en su propuesta para este año en los presupuestos generales del Estado-.

Al mismo tiempo las CCAA, diputaciones y ayuntamientos deben aprovechar la Ley de cooperación y la simplificación burocrática para incrementar su compromiso con la cooperación.

La Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo

La IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo tendrá lugar en Sevilla entre el 30 de junio al 3 de julio de este año, una oportunidad para que España, como anfitriona, pueda “predicar con el ejemplo”, según La Coordinadora.

Este encuentro “clave” servirá a los líderes mundiales como punto de reunión en el que debatir sobre los principales temas y retos globales. Durante cuatro días, podrán revisar la arquitectura financiera internacional y movilizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos fijados en la Agenda 2030.