09/04/2026

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha valorado muy positivamente la aprobación y publicación de la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social. Para el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, “esta ley supone un gran avance que refuerza la Economía Social española y el reconocimiento de su papel estratégico”, y ha destacado especialmente el impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social: “Agradezco el esfuerzo y el trabajo del Ministerio, de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y de todo su equipo, por su compromiso permanente para que esta ley saliera adelante”.

No obstante, la patronal de la Economía Social ha subrayado que la nueva ley no cierra el proceso de mejora del marco normativo. “Se han producido avances importantes en la Economía Social, en las Empresas de Inserción y en los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y en las Cooperativas, pero hay cuestiones que afectan a estas últimas que no han podido resolverse, y que vamos a empezar a trabajar para abordarlas en colaboración con todos los grupos políticos y con el ministerio”, ha señalado Pedreño.

En este sentido, ha subrayado la importancia de trasladar al ámbito estatal avances ya presentes en algunas legislaciones autonómicas: “Debemos evitar asimetrías y garantizar que todas las entidades dispongan de las mismas herramientas de competitividad, con independencia de su territorio”.

CEPES concluye que con esta aprobación, como ya ocurrió en 2011 con la primera Ley de Economía Social, España refuerza su posición como referente europeo en la regulación y promoción de este sector, consolidando un modelo empresarial que prioriza a las personas y el fin social, y reforzando las bases para el desarrollo de políticas públicas de impulso al sector en los próximos años.

Medidas pendientes para el cooperativismo

Por su parte, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) ha lamentado que la nueva ley “no haya incorporado medidas clave para el cooperativismo de trabajo”. La organización, no obstante, expresa su disposición a colaborar con rigor y espíritu constructivo en su desarrollo normativo para corregir estas carencias.

El presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado, reclamó ajustes hasta el último momento, que no se han aprobado. “Reconocemos avances relevantes para distintas familias de la Economía Social, pero el cooperativismo de trabajo ha quedado diluido en un marco excesivamente amplio, como advertíamos. Es una oportunidad perdida para hacer más competitivo nuestro modelo empresarial”, señala.

Según COCETA, la integración de varios textos legislativos en una única norma ha dificultado abordar con precisión las especificidades del cooperativismo de trabajo. La Confederación valora positivamente que la ley refuerce aspectos como el marco de las empresas de inserción, la clarificación del catálogo de entidades o la protección frente al intrusismo. Celebra especialmente el reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. “Son pasos importantes que contribuyen a consolidar el ecosistema de la Economía Social en su conjunto”, apunta el presidente de la Confederación.

A pesar de los avances, COCETA insiste en que siguen pendientes medidas esenciales para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las cooperativas de trabajo, entre ellas ajustes en la fiscalidad del modelo cooperativo; una regulación más adecuada de la relación entre las horas de trabajo de las personas asalariadas por cuenta ajena y las de socias trabajadoras; la actualización del fondo de reserva obligatorio; la ampliación de los supuestos de capitalización del desempleo o el impulso a la recuperación de empresas por sus trabajadores mediante fórmulas cooperativas. “No pedimos privilegios, sino herramientas para competir en igualdad de condiciones y seguir generando empleo estable”, insiste Jurado.

Distinción de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social

La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) ha celebrado también la aprobación de la Ley integral de impulso de la economía social y, en concreto, la modificación de la propia Ley de Economía Social, una demanda histórica del sector de la discapacidad “que aporta seguridad jurídica, coherencia normativa y estabilidad a un modelo empresarial orientado al interés general y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.

Entre otras cuestiones, la modificación de la propia Ley de Economía Social define con precisión quién lo integra y por qué, reconociendo de forma expresa a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como actores de la economía social al cumplir con sus principios orientadores. Este modelo de Centro Especial de Empleo carece de ánimo de lucro y reinvierte el 100% de sus beneficios en la creación y el sostenimiento de empleo para personas con discapacidad, garantizando que los recursos públicos destinados a la inclusión laboral se orienten de manera efectiva al interés general.

FEACEM subraya además que la nueva ley no solo no afecta negativamente al empleo de las personas con discapacidad, sino que lo refuerza, al proporcionar certidumbre a plantillas, estabilidad a la inversión social y reglas del juego claras para seguir generando empleo digno, estable y de calidad. A la vez, refuerza el reconocimiento institucional del modelo de iniciativa social, que fueron configurados mediante una modificación de la Ley de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social contemplada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Desde su entrada en vigor, en el año 2018, las cifras demuestran que no ha habido destrucción de empleo de personas con discapacidad ni de centros especiales de empleo, sino todo lo contrario.

“Es una norma que blinda la finalidad social reforzada de los CEE de iniciativa social y aporta certeza al conjunto del sector”, ha señalado el presidente de FEACEM, Daniel-Aníbal García, que ha recordado que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, cuyo reconocimiento legal se remonta a una Ley del año 2017, reducen desigualdades y actúan como un pilar fundamental del Tercer Sector y de la Economía Social en su conjunto. “La ley cierra debates estériles y nos permite concentrarnos en lo esencial: crear y mantener empleo para las personas con discapacidad”, ha añadido.

Avance hacia un modelo más justo y sostenible

Por último, desde REAS y sus redes territoriales y sectoriales se ha puesto en valor la participación activa en este proceso legislativo a través de su implicación en CEPES, contribuyendo al diálogo y a la construcción colectiva de una norma “que refleja gran parte de las demandas y propuestas del conjunto de la Economía Social”.

REAS señala que la ley incorpora avances significativos que reconocen y refuerzan el papel de sectores estratégicos de la Economía Social y Solidaria (ESS), que llevan años dando respuesta a necesidades sociales de forma innovadora y transformadora.

Entre las principales novedades, desde REAS destacan el impulso a modelos de vivienda cooperativa que están facilitando el acceso a una vivienda digna desde fórmulas no especulativas; el reconocimiento de las comunidades energéticas y otras iniciativas de transición ecológica justa, que democratizan el acceso y la gestión de la energía; el fortalecimiento del comercio justo, como herramienta clave para garantizar relaciones comerciales más equitativas a nivel global, y el respaldo a las empresas de inserción, fundamentales para la inclusión sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión.

Desde REAS concluyen: “La aprobación de esta ley supone un reconocimiento al trabajo colectivo de miles de iniciativas que, desde hace décadas, demuestran que otra economía es posible. Es un paso importante para consolidar un marco que impulse prácticas económicas más democráticas, inclusivas y sostenibles. No partimos de cero: esta ley recoge la experiencia viva de este modelo económico nuestro territorio”.