La Plataforma del Tercer Sector exige que se garantice el derecho a la atención sanitaria a todas las personas con residencia efectiva en España

La Plataforma del Tercer Sector compareció el pasado 22 de octubre en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde trasladó una serie de propuestas al Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, entre las que exigió que el derecho a la atención sanitaria se extienda a todas las personas con residencia efectiva en nuestro país.

El documento presentado con las propuestas se basa en las aportaciones transmitidas por las entidades miembro, en este caso de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma de Organizaciones de Infancia, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Según la PTS, para acreditar esa residencia efectiva se propone utilizar el empadronamiento como vía principal, así como aceptar otros medios alternativos como declaraciones juradas, informes de servicios sociales o acreditaciones emitidas por entidades del Tercer Sector. Esta flexibilidad permitiría garantizar el acceso al sistema sanitario sin discriminaciones y con mayor seguridad jurídica.

Residencia efectiva y simplificación administrativa

La Plataforma considera también imprescindible abordar la simplificación administrativa, construyendo un marco jurídico claro, sencillo y homogéneo que evite interpretaciones dispares entre Comunidades Autónomas y garantice el acceso sin demoras ni obstáculos burocráticos.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, apuntó durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que «la universalidad, equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud son los principios en los que se sustenta nuestro sistema sanitario público. Este Proyecto de Ley avanza en esa dirección, pero aún hay camino por recorrer para que nadie quede fuera del sistema por su situación administrativa, origen o condición social».

A pesar de las necesidades de mejora, la PTS valoró positivamente el Proyecto de Ley, al considerar que incorpora avances relevantes que responden a demandas históricas del Tercer Sector. Sin embargo, consideró necesario reforzar el principio de universalidad, de forma que se garantice el acceso efectivo a la salud para todas las personas, sin distinciones ni obstáculos administrativos.

Otras propuestas del Tercer Sector

Además de la propuesta de reconocimiento del derecho basada en la residencia efectiva y la simplificación administrativa, la Plataforma del Tercer Sector ha presentado otras medidas concretas para reforzar la universalidad en el acceso a la salud, como asegurar la presencia de organizaciones de la discapacidad y entidades del Tercer Sector en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, con el fin de incorporar la perspectiva social en la toma de decisiones; o rebajar el grado de discapacidad exigido para acceder a determinadas prestaciones, pasando del 65 % al 33 %, lo que permitiría ampliar la cobertura a personas que enfrentan barreras significativas en el acceso a la salud.

También propone el refuerzo de la atención sociosanitaria, incorporando una perspectiva preventiva y comunitaria que permita abordar de forma integral las necesidades de personas con enfermedades crónicas, discapacidad, dependencia o personas drogodependientes, mediante una mejor coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos.

«Las propuestas que hemos trasladado no son solo reivindicaciones técnicas; son el reflejo de la experiencia cotidiana de miles de entidades que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad. Desde la Plataforma del Tercer Sector reivindicamos el diálogo y nos ponemos a disposición para contribuir a que esta norma sea una herramienta eficaz para garantizar el derecho a la salud de todas las personas», agregó Poyato.

 

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