21/01/2026

La Plataforma del Tercer Sector participó el pasado 15 de enero en la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En ella advirtieron que la vivienda es el principal factor de exclusión social, y recordaron que es un derecho constitucional. El Consejo Asesor se ha conformado como un órgano compuesto por 37 entidades que se reunirá dos veces al año para analizar las políticas en materia de vivienda y alcanzar acuerdos y lograr soluciones.

La Plataforma del Tercer Sector recuerda que las respuestas deben ser estructurales, ambiciosas y coordinadas territorialmente. Propone iniciativas, tanto de carácter social como la movilización de vivienda vacía mediante modelos innovadores de vivienda social sin ánimo de lucro, como medidas estructurales, que incluyen el impulso decidido de la vivienda social, la rehabilitación del parque existente y una reserva efectiva de suelo público que permita avanzar hacia un modelo habitacional más justo y sostenible.

Un Consejo Asesor necesario

El Consejo Asesor de Vivienda se constituye en un contexto marcado por una crisis habitacional que continúa siendo uno de los principales déficits del Estado del Bienestar. Según el informe de la Fundación FOESSA, en España 4,6 millones de familias tienen dificultades para acceder o mantener su vivienda, y 2,7 millones caen en pobreza severa tras pagar vivienda y suministros.

Además, el alquiler se ha convertido en un factor crítico: el 33 % de quienes residen en viviendas en alquiler están en situación de pobreza, frente al 15 % de las personas propietarias. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se confirma que la vivienda es hoy el principal factor de exclusión social.

El presidente de la PTS, Luciano Poyato, ha valorado positivamente la creación del Consejo Asesor de Vivienda y recalca que éste “debe ir más allá de un papel consultivo”, para garantizar “una gobernanza participativa, transparente y orientada al interés general” porque “la vivienda no puede seguir tratándose solo como un bien económico, es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, y debe situarse en el centro de la acción pública”.

Propuestas estratégicas

La Plataforma del Tercer Sector insiste en que las políticas públicas de vivienda deben orientarse a revertir la exclusión residencial mediante la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la reserva efectiva de suelo público y la penalización de la vivienda vacía. Es por ello que ve como imprescindible que los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales cuenten con ayudas complementarias que garanticen su inclusión residencial.

Estas propuestas, junto a otras orientadas a reforzar la cohesión social y territorial, fueron trasladadas ya por la Plataforma en la Audiencia Pública del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, subrayando la necesidad de que dicho Plan incorpore medidas eficaces que respondan a las realidades más urgentes y a los contextos de mayor vulnerabilidad. La Plataforma defiende, además, que el Estado debe mantener la titularidad pública del parque de vivienda social, como garante último del derecho a la vivienda.

Además, valoró positivamente iniciativas como CASA47, que considera “decisivas para consolidar un parque público estable y protegido frente a procesos de privatización”.

Trasladó su disposición a colaborar en la movilización de vivienda vacía aportando modelos innovadores de vivienda social sin ánimo de lucro y consideró fundamental que el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 incorpore medidas específicas para la erradicación del sinhogarismo, el chabolismo y la infravivienda, así como actuaciones que dignifiquen las condiciones habitacionales de las personas en situación de sinhogarismo.

Finalmente, la Plataforma del Tercer Sector subraya que la vivienda debe consolidarse como el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a educación, sanidad, protección social y pensiones, por lo que es imprescindible superar la fragilidad histórica de las políticas habitacionales y avanzar hacia un modelo estable, coherente y basado en derechos.

Este objetivo requiere un compromiso firme y un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas, dejando al margen la confrontación y priorizando el interés general. La presencia del Tercer Sector en el Consejo Asesor de Vivienda será clave para avanzar hacia una gobernanza participativa y orientada a ese propósito común.