19/06/2025

La Plataforma del Tercer Sector reclama la reforma urgente de la Ley de Desindexación de la Economía Española por su grave impacto en la sostenibilidad de las entidades sociales, una normativa que en la actualidad, según advierte la PTS, impide la revisión y actualización de precios en contratos de servicios y conciertos sociales, lo que compromete la sostenibilidad de muchas organizaciones que gestionan, en colaboración con las administraciones, servicios públicos esenciales.

Como indicó en su sitio web la Plataforma, las entidades sociales que cuentan con contrato con la Administración Pública deben prestar los servicios sin variación de precios durante toda la duración del contrato, y los elevados niveles de inflación hacen que la prestación de estos servicios acabe siendo deficitara para las organizaciones, por lo que demandan un cambio en la regulación.

La solución para esto la encuentran en la iniciativa propuesta por las entidades sociales titulada “Más sostenibilidad, mejores servicios”, que promueve la actualización de los precios en los contratos del sector público, y contempla la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector.

Esta propuesta incluye también la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.

Una modificación que reclama la sostenibilidad de las entidades sociales

Esta iniciativa está pensada, tal y como informó la PTS, para que desde el Gobierno central se implanten mecanismos que garanticen la estabilidad económica de las entidades sociales y que no repercutan negativamente en su sostenibilidad.

La PTS recuerda que el Tercer Sector “es un agente clave para la defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía y para la garantía del bienestar y la cohesión social”, así como que las entidades sociales desempeñan “un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social de nuestro país y son un aliado clave para el sector público”.

Además, estas entidades llegan, en muchas ocasiones, donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales.