01/10/2026

La Plataforma del Tercer Sector ha valorado positivamente la aprobación de la nueva normativa de medidas urgentes en materia de vivienda, al considerar que supone un avance en la protección de este derecho e incorpora medidas alineadas con varias de las propuestas que el Tercer Sector viene trasladando en los últimos años.

Entre ellas, la Plataforma destaca especialmente el refuerzo de la protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables cuando no existe una alternativa habitacional adecuada. Asimismo, valora la incorporación de mecanismos temporales de contención de los precios del alquiler y de medidas dirigidas a proporcionar mayor estabilidad a los contratos.

Avances que responden a demandas del Tercer Sector

Más allá de las medidas de carácter urgente, la Plataforma considera relevante que el Real Decreto-ley 26/2026 avance en otros ámbitos sobre los que el Tercer Sector viene realizando propuestas durante esta legislatura. Entre ellos se encuentran la fiscalidad sobre las viviendas desocupadas, mediante el refuerzo de la capacidad de los ayuntamientos para aplicar recargos en el IBI, los incentivos dirigidos a favorecer el alquiler residencial y asequible, y diferentes instrumentos destinados a incrementar y proteger el parque público y asequible de vivienda.

La Plataforma del Tercer Sector destaca especialmente el reconocimiento de la figura de los proveedores sociales de vivienda asequible, cuya regulación deberá desarrollar el Gobierno en los próximos seis meses. La norma también incorpora diferentes referencias al papel de las entidades del Tercer Sector en la provisión de soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad y contempla incentivos para el alquiler de viviendas a entidades sin ánimo de lucro con destino a alquiler social o alojamiento de personas vulnerables.

De las medidas urgentes a un cambio estructural

La Plataforma considera, no obstante, que la gravedad y profundidad de la crisis de vivienda exige avanzar más allá de las medidas urgentes y abordar transformaciones estructurales capaces de garantizar de manera efectiva este derecho a medio y largo plazo. Una de las prioridades debe ser blindar y ampliar un parque público y social suficiente, permanente y no privatizable, que permita reducir la distancia existente respecto a otros países europeos. Del mismo modo, resulta necesario desarrollar una respuesta específica y estable frente al sinhogarismo, el chabolismo y la infravivienda. La Plataforma considera igualmente prioritario vincular de forma más estrecha las políticas de vivienda con las políticas de garantía de ingresos.

Otro de los ámbitos que requiere un avance más decidido, según la PTS, es la accesibilidad universal. Para la Plataforma del Tercer Sector, garantizar el derecho a la vivienda implica asegurar que el parque residencial pueda ser utilizado en condiciones de igualdad, lo que requiere avanzar en la adaptación del parque existente y en las reformas normativas necesarias, incluida la Ley de Propiedad Horizontal. Asimismo, mantiene la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección suficientes frente al acoso inmobiliario, la discriminación en el acceso a la vivienda y otras prácticas contrarias a la normativa.

La vivienda necesita un amplio consenso

Para la Plataforma del Tercer Sector, la vivienda debe consolidarse como una política de Estado y como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. La magnitud del problema y sus consecuencias sobre la pobreza, la exclusión social, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades hacen necesario superar respuestas coyunturales y avanzar hacia acuerdos estables y duraderos.

Por ello, la Plataforma del Tercer Sector apela a la responsabilidad y al diálogo entre las distintas fuerzas políticas y Administraciones Públicas para alcanzar un amplio consenso en materia de vivienda, capaz de combinar las respuestas urgentes que necesitan actualmente miles de personas y familias con las transformaciones estructurales necesarias para garantizar este derecho en el futuro.

La Plataforma ha reiterado una vez más la plena disposición del Tercer Sector a colaborar con las Administraciones públicas en todos los niveles, aportando el conocimiento, la experiencia y la capilaridad territorial de las entidades sociales tanto al diseño y desarrollo de las políticas como a su implementación, seguimiento y evaluación.