17/07/2025

El Consejo de Ministros hizo pública el pasado 15 de julio la reforma de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, y de la Ley sobre la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia, reformas cuya meta es «sentar las bases de un sistema público y universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualdad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía», según señaló el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

«Posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura», apuntó el ministro Bustinduy, quien completó que el proyecto de ley se ha enriquecido desde su versión inicial con las aportaciones de la sociedad civil, así como las comunidades autónomas, el Consejo Económico y Social y los agentes sociales, un texto «ambicioso y con el mayor consenso posible», que tiene como principales objetivos concretar la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024, y dotar al sistema de dependencia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que plantean la mayor longevidad y las transformaciones sociales.

Las nuevas prestaciones de la reforma de Ley

Bustinduy aseguró que se trata de un enfoque hacia «nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y más tecnología», mediante el que se consiga el derecho a la accesibilidad universal, que conlleva la obligación para los poderes públicos de crear entornos accesibles en todos los espacios públicos y de remover las barreras físicas o cognitivas que afecten a las personas con discapacidad.

Además, incluye un programa estatal de promoción de la accesibilidad universal para asegurar que todas las personas puedan disfrutar del patrimonio histórico y cultural, y se modifica, a su vez, la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que se faciliten las obras de accesibilidad en viviendas y edificios.

Por otro lado, se consagra el derecho universal a la teleasistencia que, además, tendrá carácter complementario, por lo que deberá ser siempre completada con otros recursos.

Más prestaciones, ayudas a domicilio y en la tecnología

Según las declaraciones del ministro Bustinduy, se trata de una reforma que busca «generar el Estado del bienestar del siglo XXI», y la definió como una apuesta «que viene respaldada por hechos» como la distribución de 783 millones a las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia, “una inversión sin precedentes en el ámbito de la política social” que, en este ámbito, se ha multiplicado por cuatro desde 2014.

Respecto a las prestaciones, el ministro indicó que, por vez primera, las administraciones públicas proveerán de productos de apoyo como sillas de ruedas y camas articuladas. Se crea también el servicio de asistencia personal, que no se limitará a la educación y el trabajo, sino que acompañará a la persona en actividades cotidianas. En cuanto a la ayuda domiciliaria, se extenderá fuera del ámbito de la vivienda para necesidades como ir al médico o hacer la compra.

Otras novedades son la ampliación de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad, la conversión de los centros de día en centros multiservicio y la creación de una prestación transitaria para los casos en que el recurso solicitado no se encuentre disponible.

En último lugar, esta nueva reforma quiere poner en el centro los avances tecnológicos en ámbitos como la robótica, la domótica y la inteligencia artificial, para lo que espera crear un centro específico para generar la infraestructura pública que mejore las prestaciones y desarrolle una industria estratégica de los cuidados, incorpora un régimen jurídico especial para los proyectos piloto en materia de innovación social y prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y los algoritmos.

La respuesta del Tercer Sector

El movimiento de la discapacidad ha recibido “con satisfacción” la modificación de las dos “normas esenciales” que tienen como destinatarias a las personas con discapacidad o que necesitan apoyos para vivir de forma independiente, según señaló tras conocer la noticia el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, quien avanzó su intención de “mejorarla” una vez esta reforma llegue al Parlamento.

Pérez Bueno comentó que el Comité “ha participado activamente en la presentación de propuestas y aportaciones”, a las reformas que emanan a su vez de la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada el año pasado, que la misma entidad impulsó.

“Aunque no llega por completo a todo lo que demanda Cermi, sí supone una mejora muy significativa respecto a la situación actual”, dijo el representante del Cermi, que quiso resaltar también la importancia de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que incluye este texto, encaminada a evitar que las comunidades de vecinos se nieguen a la realización de obras de accesibilidad necesarias para una persona con discapacidad que habita en el edificio.

Luis Cayo Pérez Bueno anunció que planteará “una batería de propuestas” durante el trámite parlamentario del proyecto de ley, que espera que los grupos apoyen. “Confiamos en que la norma salga adelante con un amplio apoyo, y si es posible, por unanimidad”, dijo.