30/01/2025

El ‘Govern’ de la Generalitat catalana dio luz verde el pasado 21 de enero al Proyecto de Ley de la Economía Social y Solidaria, una apuesta que contribuirá a impulsar este sector en la economía catalana y con la que se reconoce formal e institucionalmente el papel de la Economía Social para la región. El proyecto iniciará ahora su tramitación en el Parlament de Catalunya.

Cataluña busca con esta normativa la promoción de respuestas innovadoras a los actuales desafíos económicos, sociales y medioambientales, intercalando el desarrollo sostenible, la creación de empleo estable, la integración social y la mejora de los servicios, especialmente los que están orientados a las personas.

La apuesta por la Economía Social y Solidaria está en consonancia con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, y con otras resoluciones y planes estratégicos nacionales e internacionales. En esta línea, Cataluña desplegará un marco normativo que deberá permitir también realizar una radiografía más esmerada del sector, que permita orientar las políticas públicas.

Según datos difundidos por la Generalitat, en la actualidad se calcula que la economía social está integrada en todo el territorio catalán por más de 7.400 organizaciones, con cerca de 140.000 trabajadores, una base social de 3 millones de personas y un volumen de facturación superior a los 8.000 millones de euros.

Un largo camino hasta el consenso

Esta normativa es el resultado de cerca de cinco años de trabajo conjunto entre diferentes entidades especializadas que han desarrollado propuestas hasta llegar al consenso que supone el proyecto de ley. Entre ellas, la Asociación de la Economía Social y Solidaria de Cataluña (AESCAT), integrada por la Confederación de Cooperativas de Cataluña, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social, la Federación de Mutualidades de Cataluña y la Xarxa d’Economia Solidaria (XES).

AESCAT ha celebrado la aprobación del proyecto de Ley. Su presidente, Guillem Llorens, ha declarado que esta ley “representa un hito histórico para el reconocimiento institucional de la ESS en Cataluña”, y agregó que “establece una base jurídica que fortalecerá el sector y dará herramientas para su desarrollo y crecimiento”, por lo que puso a la asociación a disposición de todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente y asegurar que esta ley se convierta en una realidad.

Las novedades del anteproyecto: mantener los valores de la ESS y un Consejo consultivo

Este proyecto cuenta con una novedad importante con respecto a otras leyes autonómicas. Se trata de la evaluación en cada entidad de la aplicación de los principios y valores relacionados con la Economía Social y Solidaria, como son el interés general, el bien común, las personas y el objeto social por encima del capital y del lucro; los sistemas de gobernanza y participación democrática en la toma de decisiones, y la participación de los distintos colectivos que forman la entidad.

Estos valores y principios son requisitos que deberán acreditar las entidades del sector que desarrollen una actividad económica y empresarial en Cataluña. Su cumplimiento será verificado por el Registro de la Economía Social y Solidaria, según los indicadores y procedimientos que establezca el Reglamento que el Govern deberá aprobar posteriormente.

El Proyecto de Ley prevé, además, la creación del Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria, como órgano consultivo, de asesoramiento, análisis y debate en materias relacionadas con el sector.

Este Consejo actuará con total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, y será responsable de fomentar y reforzar el diálogo entre las organizaciones de la Economía Social y Solidaria y las autoridades públicas catalanas en relación con la promoción, la participación, el reconocimiento, la evolución y la consolidación de este sector en Cataluña.