El V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad reivindica en Ciudad Real la salud mental como derecho humano prioritario
26/05/2025
El Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió los pasados 21 y 23 de mayo el V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, un evento que contó con amplia presencia de profesionales de diferentes sectores y en el que se abordó la salud mental como derecho humano prioritario, desde una perspectiva jurídica, social y vivencial. El Congreso fue organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad, CERMI, la UCLM y Laborvalía, asociación esta última fundada en 2002, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la Diputación Provincial de Ciudad Real, para la atención a personas con discapacidad intelectual, autismo y problemas de salud mental.
El evento se inauguró el 21 de mayo con la conferencia de Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, quien aseguró que los derechos humanos deben ser la guía que oriente toda política pública en salud mental.
A continuación se llevó a cabo la presentación del Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental, por parte de María del Carmen Barranco Avilés, catedrática de Filosofía del Derecho también en la Universidad Carlos III, quien fue especialmente crítica con el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por su vulneración de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y abogó por un nuevo modelo de atención integral psicosocial basado en la voluntad de la persona y el respeto a sus derechos.
Harumi Fuentes Furuya, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, intervino recordando los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad como pilares fundamentales. En esta primera jornada, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, cerró la sesión matinal presentando el Informe de Salud Mental y Derechos Humanos 2024, centrado en barreras estructurales como el sinhogarismo, la falta de empleo digno y el acceso a la justicia, reclamando un cambio estructural.
Ya por la tarde intervinieron en el conversatorio “Salud mental y derechos humanos en primera persona” activistas como Basilio García, Elena Briongos o Rosa Bayarri, procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta y la Comunidad Valenciana quienes criticaron el estigma, la exclusión, el trato deshumanizado en internamientos, la falta de recursos y la invisibilidad de mujeres con problemas de salud mental.
La ponencia de Gloria Álvarez Ramírez, experta en Derecho de la Discapacidad, introdujo el concepto del bienestar psíquico como derecho, con un enfoque más amplio que el clínico, reclamando entornos mentales saludables como condición para el ejercicio pleno de otros derechos.
Segundo día de ponencias con la salud mental como protagonista
Durante el segundo día, la primera intervención corrió a cargo de Juana Morcillo Moreno, catedrática de Derecho Administrativo de la UCLM, quien puso el foco en la necesidad de ofrecer apoyos efectivos al ejercicio de la capacidad jurídica para personas con discapacidad psicosocial, y alabó el impulso que en España ha supuesto la reforma legal de 2021 en esta materia, a pesar de las dificultades prácticas de su aplicación.
En la misma línea, Ana Peláez Narváez, experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, puso sobre la mesa la situación discriminatoria interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial, un grupo especialmente expuesto a violencia, exclusión social e invisibilización. Insistió en el fin de prácticas históricas lesivas como la esterilización forzada, y exigió políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos y recordó: “las mujeres con discapacidad psicosocial han sido históricamente silenciadas, pero hoy alzan la voz para reclamar su derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su participación en la sociedad».
La ponencia del catedrático Antonio-Luis Martínez-Pujalte estuvo centrada en las afecciones al derecho a la libertad personal por razón de salud mental, en la que cuestionó la legalidad y legitimidad del internamiento involuntario. Por su parte, Fernando Lamata Cotanda, miembro de la Junta Directiva de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento y del Consejo Consultivo de la Confederación Salud Mental España, advirtió que los avances no están garantizados y pueden revertirse si no se sostienen mediante marcos normativos claros y dotación presupuestaria adecuada, alegando que “sin presupuestos justos y adecuados», son imposibles los derechos sociales.
La intervención del fiscal David Mayor Fernández fue la última de la mañana, quien analizó el concepto de inimputabilidad penal de personas con discapacidad psicosocial, cuestionando su compatibilidad con los derechos reconocidos en la CDPD, añadiendo que la inimputabilidad, tal y como está concebida hoy, puede derivar en prácticas discriminatorias.
Necesidad de revisar los modelos institucionales
La jornada del 22 de mayo puso también en evidencia la necesidad urgente de revisar los modelos institucionales y avanzar hacia sistemas de atención basados en la voluntad, los deseos y la plena inclusión de las personas con trastorno mental. El conversatorio “Bases para unas políticas públicas de salud mental renovadas”, o la intervención del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, fueron clarividentes en este sentido. Martín Blanco advirtió: “El estigma es una enfermedad social que debemos sanar. Y lo haremos impulsando leyes y políticas públicas que respeten la dignidad y la voluntad de las personas con trastorno mental”. Y anunció que la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia incluirá un artículo específico sobre salud mental que, según relató, “pondrá en el centro a las personas con trastorno mental, respetando su voluntad y su derecho a decidir cómo quieren vivir”.
La comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González Collado, explicó sus tres ejes fundamentales: asegurar una calidad asistencial centrada en quienes más lo necesitan, integrar los determinantes sociales en la atención, y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial.
Por su parte, Mª Teresa Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, apeló a una transformación de las estructuras de participación, y reafirmó la necesidad de “marcos normativos que den estabilidad a la acción social y espacios reales de participación en la toma de decisiones”.
La jornada de clausura reunió a representantes institucionales y académicos de primer nivel, que ratificaron el impulso de un nuevo marco normativo centrado en los derechos de las personas con trastorno mental. Fernando Evaristo Callejas Albiñana, decano de la Facultad de Derecho y director del Congreso, realizó la clausura oficial lanzando un mensaje de consenso bien claro: «Es urgente transformar el sistema de salud mental desde sus cimientos. Esto implica revisar las leyes que aún permiten prácticas coercitivas, invertir en apoyos comunitarios y reconocer legal y socialmente la salud mental como un derecho humano. Se rechaza expresamente la reclusión y el tratamiento forzoso por razón de discapacidad, se exige la revisión de la inimputabilidad como categoría discriminatoria y se reclama la compatibilidad plena entre trabajo y discapacidad. Frente al modelo biomédico dominante, el Congreso apuesta por un enfoque integral, basado en la autonomía, la inclusión y la dignidad de las personas. Desde Ciudad Real se afirma que no hay derechos humanos posibles sin voluntad respetada, sin recursos adecuados y sin la voz de quienes viven el sufrimiento psíquico siendo escuchada, creída y tenida en cuenta.»