12/11/2026

El sector fundacional español cuenta desde el pasado 10 de noviembre con un nuevo espacio institucional de representación e interlocución. El Consejo Superior de Fundaciones quedó constituido oficialmente en un acto celebrado en la sede de Fundación ONCE, en Madrid, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la participación de representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y el sector fundacional.

Su creación supone un hito para las fundaciones españolas, que dispondrán por vez primera de un órgano colegiado de carácter consultivo destinado a favorecer el diálogo con los poderes públicos, participar en el debate sobre las cuestiones que afectan a su actividad y contribuir a mejorar el marco normativo y administrativo en el que desarrollan su labor.

Para el ministro Ángel Víctor Torres, la puesta en marcha del Consejo “representa un avance en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y en la articulación de cauces estables de colaboración entre las administraciones y las entidades que trabajan al servicio del interés general”. Y añadió que el objetivo es que el Consejo “no sea únicamente un órgano consultivo, sino una herramienta útil para el encuentro y el diálogo permanente, basada en la cooperación, la participación y el servicio al interés general”.

Reafirmación de los valores que inspiran la democracia

El ministro señaló también que la constitución de este órgano representa “una reafirmación de algunos de los valores que inspiran nuestra democracia”, como el reconocimiento del pluralismo social y la convicción de que las mejores respuestas a los desafíos colectivos surgen del diálogo y la cooperación.

Asimismo, subrayó que las fundaciones constituyen una de las expresiones más valiosas de la capacidad de la sociedad para organizarse en torno al interés general, movilizar recursos, generar conocimiento y ofrecer respuestas a las necesidades colectivas.

En el mismo sentido, García Ceballos-Zúñiga destacó el papel de las fundaciones como instituciones al servicio del interés general y su capacidad para transformar recursos privados en valor público de forma duradera. Reivindicó la importancia de la sociedad civil organizada para afrontar desafíos como el envejecimiento demográfico, el cambio climático, la transformación tecnológica, las nuevas desigualdades, la salud mental o el acceso a la vivienda.

30 miembros, en tres grupos de 10

El Consejo estará integrado por 30 representantes, distribuidos en tres grupos de diez miembros: Administración General del Estado, comunidades autónomas y sector fundacional. Entre sus funciones figuran la participación consultiva en cuestiones normativas y el impulso de estudios y actuaciones para promover la actividad fundacional.

Uno de sus principales cometidos será mejorar la coordinación entre las administraciones responsables de los registros y protectorados, reforzar la seguridad jurídica y avanzar hacia procedimientos administrativos más ágiles y criterios homogéneos. Para ello, contará con una Comisión de Cooperación e Información Registral.

Importante impacto económico y social

La constitución del Consejo culmina una reivindicación histórica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que ha impulsado activamente su puesta en funcionamiento desde que quedó contemplado en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. La AEF participó en el desarrollo normativo mediante la presentación de alegaciones durante los procesos de consulta pública y audiencia, así como a través de un informe dirigido al Consejo de Estado. Su creación se ha materializado tras la aprobación del Real Decreto 125/2026, de 18 de febrero.

Según estimaciones, España cuenta con 10.511 fundaciones activas, cuya aportación económica alcanza aproximadamente los 27.000 millones de euros, equivalentes al 2,4 % del PIB. Su actividad sostiene cerca de 589.000 empleos directos, indirectos e inducidos y beneficia a unos 40 millones de personas.