16/07/2026

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha celebrado la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras de la Administración General del Estado, una norma que supone un importante avance en el reconocimiento institucional de las entidades sociales, el fortalecimiento de la colaboración público-cívica y la consolidación del diálogo civil.

La nueva regulación desarrolla una previsión recogida en la Ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, estableciendo el marco jurídico para el reconocimiento de aquellas organizaciones sociales de ámbito estatal que acrediten una trayectoria consolidada, capacidad organizativa, transparencia, calidad y buen gobierno.

Una reivindicación histórica del sector

La aprobación del Real Decreto culmina un proceso de trabajo impulsado por la Plataforma del Tercer Sector desde 2018, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Durante estos años, la organización ha participado activamente en las distintas fases de diseño, consulta y tramitación de la norma, defendiendo la creación de esta figura como una prioridad para el sector.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha afirmado que la aprobación del Real Decreto «supone un avance con enorme potencial para el Tercer Sector de Acción Social, ya que refuerza el reconocimiento de nuestras organizaciones como actores clave en la defensa de derechos, la cohesión social y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad».

Asimismo, añade que este logro «es fruto de años de trabajo, diálogo e interlocución de la Plataforma para impulsar una reivindicación histórica del sector y avanzar hacia un mayor reconocimiento institucional de la contribución que realizan las entidades sociales al bienestar y la cohesión de nuestra sociedad».

Requisitos

El Real Decreto establece las condiciones que deberán cumplir las entidades para obtener y mantener la condición de colaboradoras de la Administración General del Estado, así como los derechos, obligaciones y mecanismos de seguimiento vinculados a este reconocimiento, entre los que se encuentran acreditar una trayectoria mínima de cinco años, desarrollar su actividad en el ámbito estatal, disponer de capacidad organizativa suficiente, contar con sistemas de calidad y transparencia, y cumplir la normativa vigente en materias de igualdad, discapacidad y voluntariado.

Con esta regulación, el Gobierno dota de un marco jurídico estable a una figura llamada a reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el Tercer Sector de Acción Social, reconociendo el papel esencial que desempeñan las entidades sociales en la atención a las personas, la defensa de derechos y la construcción de una sociedad más cohesionada.