20/03/2025

Con motivo de la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Integral de Economía Social, CEPES, como máxima organización empresarial representativa de la Economía Social en España, junto con ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS, actores fundamentales en la defensa y promoción del empleo de las personas con discapacidad a través de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, han publicado un comunicado conjunto en el que reiteran, ante las diferentes fuerzas políticas y la sociedad, la necesidad de identificar y definir los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como «actores empresariales esenciales» de la Economía Social. Estos centros cumplen con los principios de la Ley de Economía Social, diferenciándose del modelo de Centro Especial de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE) con ánimo de lucro que no responde a dichos principios. Al comunicado se ha sumado también la Plataforma del Tercer Sector.

Tal y como explica el comunicado, mientras los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial buscan de manera legítima maximizar sus beneficios empresariales a través del empleo de personas con discapacidad, los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social cumplen con los principios de la Ley de Economía Social, establecidos en la propia Ley y en coherencia con los elementos jurisprudenciales señalados en sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Estos tribunales han destacado que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social carecen de ánimo de lucro y están obligados a reinvertir la totalidad de sus beneficios en la consecución de su finalidad principal: mejorar el acceso al empleo y las capacidades laborales de las personas con discapacidad, y por tanto «tienen una finalidad social reforzada».

Al mismo tiempo el comunicado advierte: «No es cierto que la delimitación de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como actores esenciales de la Economía Social implique la desaparición de ninguno de los 1.694 Centros Especiales de Empleo con ánimo de lucro ni la expulsión del mercado laboral de 64.274 trabajadores (el 58% de las personas con discapacidad empleadas en estos centros).

Estos centros podrán seguir operando con normalidad en el mercado como ha venido sucediendo hasta ahora.

Contratación de personas con discapacidad y reserva de contratos

El comunicado advierte también que no es cierto que se desincentive la contratación futura de personas con discapacidad. Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial (CEEIE) seguirán teniendo acceso a los mecanismos de apoyo ya existentes, como las ayudas económicas de distinta índole para la contratación de personas con discapacidad que actualmente se aplican a ambas modalidades de Centros Especiales de Empleo y que así están recogidas en la normativa vigente.

En lo que afecta al ámbito de la contratación pública, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público es la que establece la diferenciación jurídica entre los CEEIS y los CEEIE, reconociendo la reserva de contratos y lotes en favor de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, por su finalidad social reforzada y reconocida. Por tanto, la circunscripción única de los CEEIS como entidades de Economía Social que se propone no supone ninguna restricción ni nueva limitación en la reserva de contratos.

En este sentido, CEPES señala que los CEEIE no pueden ser beneficiarios de las reservas de contratos señaladas, si bien pueden acudir, como cualquier otra empresa, a la contratación pública que se licite y, además, ser objeto de cláusulas sociales en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en las condiciones de ejecución de los pliegos. La aplicación de cláusulas sociales en los contratos públicos no se limita a las entidades de la economía social, sino que cualquier empresa puede incluirlas para mejorar su valoración en los procesos de adjudicación.

CEEIS: Mayor retorno económico e impacto social

El comunicado afirma también que no es cierto que la definición de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como actores de la Economía Social incremente el gasto público. «Se ha demostrado que la inversión pública en CEEIS genera un retorno mayor en términos económicos y de impacto social que otros modelos empresariales, al ser más efectivos en la reducción de costes sociales y el aumento de ingresos a través de cotizaciones y fiscalidad, lo que justifica la inversión pública en este tipo de Centros Especiales de Empleo sin perjuicio de que los de Iniciativa Empresarial son también beneficiarios de estas ayudas».

En definitiva, si bien los CEEIE buscan de manera legítima maximizar sus beneficios empresariales a través del empleo de personas con discapacidad, la no mención explícita  de los mismos de la Ley de Economía Social no implica la destrucción de empleo, sino un reordenamiento jurídico necesario para garantizar que realmente se promueva la inclusión y el bienestar social, conforme a los principios y valores de la Economía Social y que se delimita el contorno de la misma, en cualquier caso, a aquellas entidades que cumplen con estos principios y valores.

Este papel esencial queda reflejado en el hecho de que el Grupo Social ONCE es el mayor empleador de personas con discapacidad en el mundo, evidenciando el impacto positivo que las entidades sin ánimo de lucro con un claro objetivo de inclusión social tienen en una sociedad como la española.

Por ello, CEPES, ONCE, CERMI, FEACEM, AEDIS e IGUALIS, invitan a las diferentes fuerzas políticas «a no equiparar en la Ley Integral de Economía Social dos modelos empresariales distintos de Centros Especiales de Empleo y a distinguir las características de uno y de otro modelo. Es por lo tanto fundamental que los CEEIS queden claramente enmarcados dentro de la Economía Social, en coherencia con sus principios y valores», concluye el comunicado.