04/12/2025

La Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) se reunió el pasado 25 de noviembre en la sede de Fundación ONCE en Madrid, en un encuentro en el que realizó un amplio balance de la actividad realizada este año, entre ellas las acciones relacionadas con la incidencia política, los balances de las convocatorias de la Agenda 2030 y del 0,7 %, y definieron las prioridades y nuevas metas para el 2026.

La reunión estuvo encabezada por Asunción Montero, vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental de la PTS. En su intervención recordó que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Al respecto señaló que resulta imprescindible mantener un compromiso firme y constante para visibilizar la violencia contra las mujeres, prevenirla y combatirla desde todos los ámbitos del Tercer Sector, reforzando el papel de las entidades sociales como agentes de cambio.

Por su parte, Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital, introdujo la formación titulada ‘Obligaciones en materia de Igualdad en el Tercer Sector’, impartida por Jessica Murillo (Federación Mujeres Progresistas) y Beatriz Bonete (Plataforma del Voluntariado de España), en la que se abordaron las obligaciones legales en materia de igualdad para las entidades del Tercer Sector.

Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional, contó las novedades de los espacios de participación con la Administración Pública,resaltando la importancia de la alianza con el movimiento ecologista, que culminó el 4 de diciembre con la presentación de un posicionamiento conjunto titulado ‘La sociedad civil ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica’, en el Congreso de los Diputados.

Acuerdo Marco con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

En cuanto a la incidencia política, Luis Cayo Pérez, vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la PTS, recordó la importancia de la firma del Acuerdo Marco de Colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que “reafirma el papel del Tercer Sector y fortalece la capacidad de interlocución y de incidencia”.

Asimismo, destacó la intervención de la Plataforma del Tercer Sector en la Comisión de Derechos Sociales y en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. También quiso acentuar la labor de incidencia normativa que desarrolla la Plataforma del Tercer Sector, que permite que se consolide como un actor de referencia en los procesos legislativos y de elaboración de políticas públicas.

Una mirada al futuro de la Plataforma

Por su parte, María José Juanes, directora ejecutiva de la PTS, presentó el Plan de Trabajo de la entidad para 2026, alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las seis metas del IV Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. “Una hoja de ruta que combina continuidad y avance para fortalecer la capacidad de influencia y consolidar a la Plataforma como actor imprescindible en la gobernanza social del país”, señaló.

Pedro Martínez, vicepresidente de Impulso Territorial, fue el encargado de traer las últimas novedades relativas al Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma del Tercer Sector. En último lugar hubo un espacio para poner sobre la mesa los balances de resultados de la resolución de las subvenciones de la Agenda 2030 y del 0,7 %, instrumentos clave para la sostenibilidad del Tercer Sector.

En cuanto a la convocatoria del 0,7 %, el análisis de la resolución provisional para 2025 confirma que el modelo actual se desarrolla en un contexto cada vez más competitivo, priorizando la cobertura de un mayor número de programas frente a la sostenibilidad de cada iniciativa y/o entidad. Desde la Junta Directiva trasladaron que, aunque la cuantía global ha aumentado, el incremento no ha sido proporcional al número de entidades y programas financiados, lo que mantiene la tendencia hacia la microfinanciación y concentra los recursos en las horquillas más bajas de presupuesto.

En el caso de la Agenda 2030, el análisis realizado por quinto año consecutivo pone de manifiesto que el fuerte incremento de solicitudes contrasta con la congelación de la dotación presupuestaria desde 2021, lo que ha reducido de forma significativa la capacidad real de financiación. Además, se advirtió sobre la fragmentación en la distribución de fondos, la baja continuidad de entidades financiadas y el elevado número de proyectos aprobados, pero no financiados.