23/04/2026

La Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en colaboración con la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL) y CIRIEC-España, celebraron el pasado 17 de abril en Pamplona la III Jornada de Derecho Cooperativo. La jornada tuvo lugar en el recientemente inaugurado Centro de Emprendimiento Cooperativo (Coalea), y sirvió de acto preparatorio hacia el III Congreso Jurídico de CIRIEC-España, que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de octubre, y cuya llamada a presentación de comunicaciones está ya abierta.

El encuentro contó con la participación del director de CIRIEC-España y director de este Observatorio, José Luis Monzón, y Felipe Palau, director del Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) de la Universitat Politècnica de València, y de ‘’CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa’.

Además, fue un lugar de encuentro para especialistas de referencia en el ámbito del derecho cooperativo, para abordar los desafíos que afronta el modelo en un contexto de transformación económica, marcado por la digitalización, la sostenibilidad y los cambios en la organización empresarial. Todo ello, justo cuando acaba de publicarse la Ley 1/2026, integral de impulso de la economía social.

La jornada dio comienzo con una apertura institucional por parte del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, quien destacó el papel estratégico de la economía social en la Comunidad Foral, incidiendo en la necesidad de que el marco jurídico evolucione al ritmo de los cambios económicos y sociales. En este contexto, valoró la jornada como un espacio clave para conectar conocimiento, sector productivo e instituciones.

El presidente de ANEL, Ignacio Ugalde, lamentó que muchas de las propuestas trasladadas por el sector cooperativo en procesos de reforma legislativa, entre ellas la ley 1/2026 recién aprobada, no hayan sido incorporadas, y defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre el ámbito académico, las organizaciones representativas y el poder político, e incluso el judicial, para avanzar hacia un marco legal más adecuado.

Un marco normativo adaptado a las cooperativas

A lo largo de la jornada se manifestó la necesidad de avanzar en un marco normativo más adaptado a la realidad de las cooperativas, un debate sobre cómo debe evolucionar el derecho para acompañar a la economía social centró la sesión, y se evidenció que el modelo cooperativo avanza más rápido que su regulación.

En su intervención, el catedrático Felipe Palau hizo hincapié en la idea de que las cooperativas están plenamente sujetas al derecho de la competencia, lo que obliga a interpretar estas normas de forma “matizada” para no desvirtuar sus principios.  En este sentido, para Palau, el reto está en encontrar un equilibrio entre la libre competencia y los valores propios del cooperativismo, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad o la organización interna de los socios.

Junto a  Felipe Palau intervino Ignacio Amatriain, profesor de la Universidad Pública de Navarra especialista en derecho, quien reflexionó sobre el régimen fiscal de las cooperativas, señalando que, aunque justificado, resulta demasiado complejo y a menudo desconectado de la realidad empresarial, y destacó que la carga de su aplicación es considerable y sugirió la necesidad de simplificar el sistema.

Por su parte, Alberto Emparanza, catedrático de derecho mercantil de la Universidad del País Vasco, abordó los desafíos internos de las cooperativas, como la profesionalización de sus órganos de gobierno, la gestión del talento y los límites del derecho de información. Subrayó la importancia de adaptar el modelo sin perder su esencia, proponiendo más autonomía estatutaria y una gestión más profesionalizada.

Una función transformadora

El profesor José Luis Monzón trasladó que el derecho no solo ordena las relaciones económicas, sino que también tiene una función transformadora clave en el desarrollo de modelos empresariales más equilibrados. En este sentido, defendió el papel de las cooperativas como un actor central dentro del sistema económico, expresando que “la economía social no es un elemento marginal, sino una parte estructural de nuestras economías”. Además, insistió en que el avance del cooperativismo requiere marcos normativos que acompañen su evolución real: “No se trata solo de reconocer su singularidad, sino de dotarla de instrumentos jurídicos adecuados para competir en igualdad de condiciones”.

Una actualización necesaria

La clausura de la jornada permitió recoger las principales ideas del encuentro desde el ámbito académico, y los presentes coincidieron en que la economía social necesita un marco jurídico a la altura de su desarrollo, al igual que se cuestionó si las reglas actuales están preparadas para acompañar este modelo empresarial.

Como señaló Sandra Cavero, directora la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la UPNA, en poner en valor el papel de estos espacios como punto de conexión entre conocimiento y realidad empresarial, destacando la importancia de “seguir generando reflexión aplicada que contribuya a mejorar el desarrollo del modelo cooperativo”.

Rafa Lara, director de las citadas Jornadas, cerró el encuentro incidiendo en la necesidad de mantener este diálogo abierto entre todos los agentes implicados, y apeló a continuar avanzando en la construcción de un derecho cooperativo más útil y conectado con el día a día de las empresas: “El reto no es solo analizar la realidad, sino contribuir activamente a transformarla desde el conocimiento”, señaló.