09/04/2026

El BOE ha publicado este jueves, 9 de abril, la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social. La publicación oficial se produce tras la aprobación de la ley en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 26 de marzo, último trámite parlamentario tras su paso por el Senado.

El texto expone la necesidad de actualizar el marco normativo de la economía social en España ante los profundos cambios económicos y sociales recientes, especialmente tras la crisis sanitaria y el contexto de incertidumbre actual. Plantea la creación de un marco legal integral que favorezca el desarrollo de las entidades de la economía social, contribuya a la cohesión social y promueva un crecimiento sostenible.

La reforma normativa pretende fortalecer el papel de la economía social, mejorar su competitividad y reducir la incertidumbre jurídica. Se busca impulsar un modelo más inclusivo, sostenible y adaptado a los desafíos actuales, reforzando tanto la dimensión económica como la social de estas entidades y consolidando su contribución al bienestar colectivo.

Actualizaciones relevantes

La nueva ley consta de cuatro artículos que modifican cada uno una norma: la Ley de Cooperativas (1999), la Ley de Empresas de Inserción (2007), la Ley de Economía Social (2011) y la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (1990). Además, introduce cambios en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa de contratos públicos, la regulación del ingreso mínimo vital y el régimen de incentivos a la contratación.

En relación con la Ley 27/1999, de Cooperativas, propone su modernización para mejorar el funcionamiento interno de estas entidades, especialmente en lo relativo a la participación de los socios y el uso de herramientas digitales. También refuerza el principio de igualdad, promoviendo la equidad entre mujeres y hombres en línea con la normativa vigente. Asimismo, pretende proteger la identidad cooperativa, evitando usos fraudulentos de esta forma jurídica, y fomentar su papel en la creación de empleo de calidad, en cumplimiento del mandato constitucional.

Se actualizan las normas de la Asamblea General para adaptarlas a la realidad digital (convocatorias y voto) y se revisa la composición y elección del Consejo Rector. También respecto a la comisión de Igualdad, que se regula expresamente, permitiendo que sus funciones y composición se recojan en los estatutos.

Se reforma el régimen Económico, con nuevas previsiones para aportaciones obligatorias y mayor flexibilidad en el uso del fondo de educación y promoción en casos excepcionales. Se modifican también las causas de descalificación, para luchar contra las «falsas cooperativas» y levantar el velo ante situaciones ajenas a los principios cooperativos.

Con respecto a la Ley 44/2007, de Empresas de Inserción, la Ley destaca la necesidad de adaptarla a los nuevos escenarios de desigualdad y exclusión social. Propone reforzar el papel de estas empresas como herramientas eficaces para la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, plantea desvincular el concepto de exclusión de la persona y asociarlo a factores externos, reduciendo la estigmatización. También busca mejorar los itinerarios de inserción, actualizar sus contenidos y ajustar las ratios de acompañamiento. Además, el texto aprobado quiere armonizar esta normativa con la reciente reforma laboral, favoreciendo la estabilidad en el empleo y la transición al mercado laboral ordinario, sin perder su función social.

Se adapta el modelo laboral a la contratación indefinida, revisando el régimen jurídico y las modalidades de contrato, y en cuanto a la contratación pública, se refuerzan los porcentajes mínimos de reserva de contratos para garantizar la competitividad de estas empresas.

En cuanto a la Ley 5/2011, de Economía Social, subraya la necesidad de actualizar la definición y clasificación de las entidades que integran este sector, incorporando nuevas formas empresariales reconocidas a nivel europeo. También pone de relieve la falta de desarrollo del Catálogo de Entidades de Economía Social, previsto en la ley, pero aún no implementado, lo que evidencia la necesidad de avanzar en este ámbito. Asimismo, plantea revisar y actualizar los objetivos de las políticas públicas de promoción de la economía social, adaptándolos al nuevo contexto y a los instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales y europeas.

La ley incluye los centros especiales de empleo de iniciativa social y excluye a los de iniciativa capitalista. Avanza en la regulación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), y reformula el Catálogo de Entidades como herramienta estadística. Algo completamente remarcable dentro de la nueva actualización es la adición de la ONCE como entidad singular. Se regula el fomento de la economía social con perspectiva de género y se incorporan disposiciones sobre comercio justo, transformación de empresas en fórmulas de economía social, apoyo a servicios en zonas rurales en riesgo de despoblación y competencias autonómicas.

Por último, respecto a la Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de las Cooperativas, se subraya que sigue siendo un pilar fundamental del marco normativo, ya que regula los beneficios fiscales de estas entidades y contribuye a su viabilidad económica. En este ámbito se introduce la cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso (que mantenga la propiedad y no tenga ánimo de lucro) dentro de la calificación de «cooperativa especialmente protegida», otorgándole un régimen fiscal más beneficioso.

La ley entrará en vigor este viernes, 10 de abril. No obstante, la obligación para las cooperativas de más de 500 personas socias de contar con página web corporativa entrará en vigor un año después, en abril de 2027. Además, las empresas de inserción existentes disponen también de un año para adaptarse a sus previsiones, y la norma mantiene el régimen transitorio para los contratos de trabajo vigentes en estas empresas.

Su aprobación en el Congreso

El proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social superó su último trámite parlamentario el pasado jueves, 26 de marzo, en el Pleno del Congreso. Al debate y votación en el Congreso asistió una nutrida representación de entidades de la economía social, del tercer sector de acción social y de la discapacidad.

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno inicialmente en octubre de 2024. El Grupo VOX presentó una enmienda a la totalidad de devolución, que fue rechazada por el Pleno en marzo de 2025.

A partir de entonces el texto fue remitido a la Comisión de Trabajo y Economía Social del Congreso de los Diputados, quien el pasado mes de diciembre lo aprobó con competencia legislativa plena, por 19 votos a favor y 18 en contra, lo que ya anticipaba una fuerte división en torno al proyecto de ley.

En dicha comisión se impuso la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, incluido Junts, frente al rechazo del PP y Vox.

Los ‘populares’, con mayoría en el Senado, incorporaron semanas después más de 40 enmiendas al proyecto de ley en la Cámara Alta, enmiendas que se han rechazado en su mayoría este jueves de nuevo en el Congreso de los Diputados. Entre las enmiendas sí aprobadas se encuentra algún cambio terminológico y permitir que las cooperativas de servicios puedan realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios hasta un 50 % de la actividad total de la cooperativa.

Como cierre del debate parlamentario, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció a los grupos políticos que «han entendido la importancia de la Economía Social», ayudando a sacar adelante la norma: «Hoy aprobamos una ley importante, que quizá no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que queremos construir».

Díaz dio las gracias también por sus aportaciones al tejido asociativo de la economía social, encabezado por CEPES, proclamando que con esta norma “damos una lección a la ciudadanía, diciendo que podemos seguir trabajando juntos por el bien común”.

– Consulta aquí en el BOE la Ley 1/2026 integral de Impulso de la Economía Social.