16/07/2026

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 15 de julio el proyecto de ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. El objetivo es ampliar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal.

La iniciativa salió adelante con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, y continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado. La reforma adapta ambas normas al artículo 49 de la Constitución Española, modificado en 2024, e incorpora medidas para fortalecer los apoyos que favorecen la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

La aprobación de este proyecto de ley tuvo lugar durante una intensa sesión plenaria en la que también se debatieron otros asuntos de relevancia. Entre ellos, la Cámara convalidó el Real Decreto-ley 17/2026, de medidas extraordinarias para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que actualiza las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado para las personas beneficiarias.

Esta reforma impulsa los cuidados en el hogar y supone una inyección de hasta 6.200 millones en dos años, que fue respaldada por una amplia mayoría, por lo que esta reforma continuará su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La mayor reforma social

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales e impulsor de ambas medidas, considera que “es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”. Así lo defendió en la tribuna del Congreso. “Este es un momento trascendental, es un momento fundacional para lo que debe ser el Estado del bienestar en España en el siglo XXI», añadió. ”Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación», según sus palabras.

Así lo defendió también el ministro unas horas antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó el reparto de más de 900 millones de euros para las comunidades autónomas como parte de la financiación de la dependencia, montante que se transfiere a las autonomías vinculado a objetivos concretos, como la reducción de las listas de espera o la mejora de las condiciones laborales del sector. “Se trata de transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad, la infrafinanciación y por un modelo centrado en la construcción de grandes centros residenciales”, -dijo Bustinduy-, “hacia un modelo de derechos de ciudadanía que permita generar apoyos y soportes necesarios para que las personas puedan envejecer en sus domicilios, sus barrios, sus pueblos, sus ciudades, en condiciones de autonomía y con el mayor bienestar posible”.

Las reacciones del sector

Para la Plataforma del Tercer Sector (PTS) la aprobación de estas reformas supone uno de los avances legislativos más relevantes de los últimos años en materia social, un paso fundamental para seguir construyendo una sociedad más inclusiva, accesible e igualitaria.

La PTS destaca su contribución en este proceso, mediante una labor de incidencia institucional, respaldando una reivindicación compartida por el conjunto del Tercer Sector para avanzar en la garantía de derechos y la inclusión social de grupos de población tan significados como el de las personas con discapacidad y el de las personas mayores.

La entidad valora especialmente el trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de la Plataforma y referente del movimiento social de la discapacidad, en el impulso de esta reforma y en la defensa de un marco normativo más garantista, inclusivo y alineado con los derechos humanos.

El CERMI ha hecho pública también su satisfacción por el resultado de la jornada en el Congreso de los Diputados, trasladando la necesidad de avanzar hacia una incorporación transversal y sistemática de la discapacidad en todos los ámbitos, superando su presencia únicamente en medidas o políticas concretas.