23/10/2025

Los titulares de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y de la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) comparecieron el pasado 22 de octubre en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde reclamaron que se apruebe por unanimidad la nueva Ley de impulso de la Economía Social, de forma que mantenga el espíritu que tuvo dicha normativa en 2011, cuando se erigió como la primera Ley destinada a la Economía Social en el mundo.

Luis Miguel Jurado, presidente de COCETA, Marisa Esteve, de FAEDEI, y Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y del Social Economy Europe, este último como portavoz del grupo, recordaron que esta nueva legislación “situó a la economía social española como referente a nivel europeo y mundial”, y reclamaron que “vuelva a ser ejemplo de consenso y diálogo”.

Durante su comparecencia ante la Comisión del Congreso de Diputados, el presidente de CEPES centró sus demandas en tres factores, siendo el primero que se asegure su financiación con una fiscalidad adecuada y preservando líneas presupuestarias estables.

De la misma manera, pidió que se mantenga la promoción de la economía social y su prioridad explícita y transversal en las políticas públicas, así como que se desarrollen marcos legales y jurídicos coherentes con sus necesidades reales; y también incidió en la importancia de que la nueva ley permita a las empresas del sector seguir siendo competitivas sin dejar de dar prioridad a sus objetivos sociales y recordó que son “actores clave” en sectores como la vivienda, la energía, la asistencia, los cuidados, la alimentación, la innovación social y tecnológica o la educación.

“Es un factor de resiliencia para la sociedad”, dijo Pedreño, quien reivindicó también su “valor añadido único” por favorecer la cohesión social y territorial, el arraigo local y el empleo inclusivo.

Por todo ello, concluyó que la nueva ley “es una oportunidad para actualizar, fortalecer y dotar de mayor visibilidad y reconocimiento” al sector y a su “papel como pilar del sistema económico”. “Son empresas sí, pero son empresas con alma”.

Modificación de la Ley Fiscal de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social

La nueva norma modifica la Ley Fiscal de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la de Economía Social. Así, adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En el mismo sentido, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75 %.

Modifica también la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

Incluye además una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

Por último, se modifica la ley clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Asimismo, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.