22/04/2026

El Parlamento de Cataluña acogió el pasado 20 de abril la última sesión de comparecencias de representantes de la economía social y sociedad civil catalana en torno al proyecto de ley de economía social y solidaria en la comunidad autónoma, una sesión en la que participaron algunas de las entidades más representativas del sector y que cerró con un amplio consenso sobre la necesidad de la ley, pero también con claras advertencias sobre su despliegue y necesaria aplicación. A partir de ahora el Parlament encamina la recta final de una ley que el sector considera estratégica para situar a la economía social y solidaria como pilar central del modelo económico regional.

La Asociación Economía Social Catalunya (AESCAT) fue la última entidad compareciente, en una sesión en la que también participaron Som Energia, el Grupo Àuria, la Asociación Catalana de Municipios y Comisiones Obreras. El presidente de AESCAT, Guillem Llorens, en su intervención reivindicó el texto como una “herramienta imprescindible para consolidar e impulsar un modelo económico centrado en las personas”, y situó la propuesta legislativa como «una ley del país» fruto de más de siete años de trabajo colectivo.

“No debemos discutir la economía social y solidaria, es una realidad de éxito en Cataluña; discutimos si el país está dispuesto a reconocerla y a impulsarla con la ambición que se merece”, dijo Llorens. En este sentido, remarcó que la ley “es necesaria para dotar de seguridad jurídica a una economía que ya existe y opera con impacto social y económico”. Del texto señaló también su amplio consenso, después de un proceso que ha implicado a más de 400 entidades y ha superado varias legislaturas.

Potencial transformador

Por su parte, desde Som Energia, Isabel Vilaseca ejemplificó el potencial transformador de la economía social con el caso de la cooperativa, que agrupa a más de 87.000 socios. «Somos la prueba viviente de que la ciudadanía quiere y puede ejercer su soberanía en un sector tan esencial como el energético”, señaló. Vilaseca defendió la ley como un reconocimiento necesario y una herramienta “para blindar el concepto de economía social y solidaria” ante el riesgo de “social washing”. También denunció las dificultades del sector ante marcos regulatorios pensados ​​por y para grandes empresas: “Nos tratan a menudo como si fuéramos una gran eléctrica del Ibex 35”, lo que dificulta el desarrollo de proyectos cooperativos.

Por su parte, el Grupo Àuria hizo hincapié en la necesidad de que la ley sea realmente transformadora. Su representante, Albert Pinyol, advirtió que esta ley “no puede quedarse a medio camino” y reclamó diferenciar los centros especiales de empleo de iniciativa social de los mercantiles, tal y como ha hecho la recientemente aprobada Ley integral de impulso de la Economía Social, a nivel estatal.

La recta final

En sesiones anteriores del Parlament de Catalunya tuvieron la oportunidad de comparecer también representantes de la Xarxa d’Economia Solidaria (XES), o de la Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria (XMESS). Por parte de la XES intervino Mariona Soler, quien incidió en que la Ley de Economía Social y Solidaria de Cataluña es el resultado de más de una década de trabajo colectivo. «Llevamos 13 años trabajando para que esto se haga posible», recordó, antes de poner en valor el proceso de consenso que ha hecho posible llegar al texto actual.

Soler destacó también la dimensión y capilaridad del ecosistema de economía solidaria -más de 2.000 iniciativas y cientos de miles de personas implicadas- y defendió una concepción de economía basada en la satisfacción de necesidades. Culminó su intervención reivindicando una economía plural, que incluye también las prácticas comunitarias y no monetarias.

En esa misma sesión,  Toni Vidal y Elisa Segués, en representación de la Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria (XMESS), destacaron el alcance territorial de la entidad -más de cuatro millones de personas- y su función en el impulso de políticas públicas de ESS desde el ámbito local. También coincidieron en que el texto actual es fruto de un amplio consenso y, por tanto, no debería ser modificado en sus elementos esenciales.