El Ministerio de Trabajo y Economía Social presenta el informe ‘Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial’
07/05/2026
El Gobierno de España presentó el pasado 6 de mayo el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”, desarrollado por la Comisión de personas expertas en RSE, constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La presentación se realizó en un acto titulado “Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial”, en el que intervino la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El informe propiamente dicho fue presentado por Jesús Cruz Villalón, coordinador de la Comisión de personas expertas en RSE promovida por el Ministerio, y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. Al acto asistieron también la directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Aicha Belassir; la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el comisionado especial para la Economía Social, Jaime Iglesias Sánchez-Cervera. Por parte de CIRIEC-España asistió su vicepresidente, Sebastián Reyna.
El informe propone una redefinición de la RSE como elemento estructural de la gestión corporativa y no como una práctica meramente voluntaria o filantrópica. El texto sostiene que las empresas deben asumir una responsabilidad efectiva sobre los impactos sociales, laborales, ambientales y de derechos humanos derivados de toda su actividad, incluidas sus cadenas globales de suministro. Entre sus principales aportaciones destaca la defensa de un modelo de “diligencia debida” obligatorio, alineado con las nuevas directivas europeas, que obligue a identificar, prevenir y reparar daños vinculados al trabajo precario, la discriminación, el deterioro ambiental o las vulneraciones de derechos humanos. Además, el informe enfatiza la necesidad de reforzar el trabajo decente, la igualdad de género y la protección de colectivos vulnerables, especialmente personas migrantes, trabajadoras subcontratadas o comunidades afectadas por actividades empresariales.
Otra contribución central del libro es su planteamiento de una gobernanza empresarial más participativa y transparente. El informe defiende que sindicatos y otros grupos de interés (stakeholders) deben intervenir activamente en los procesos de evaluación de riesgos, elaboración de informes de sostenibilidad y supervisión de las políticas empresariales. También propone fortalecer los sistemas públicos de verificación y reporte para evitar prácticas de “greenwashing” o “socialwashing”, promoviendo estándares homogéneos y auditorías independientes.
Finalmente, el documento otorga un papel estratégico a las Administraciones Públicas, que deberían combinar regulación, incentivos y contratación pública responsable para impulsar la RSE, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las entidades de economía social. El resultado es una visión de la empresa como actor clave del desarrollo sostenible y del interés general, integrada en la Agenda 2030 y en los nuevos marcos regulatorios europeos sobre sostenibilidad y gobernanza corporativa.
Avanzar en las políticas públicas
En su intervención, Yolanda Díaz valoró como “riguroso, valiente y oportuno” el informe, y señaló que supone un paso decisivo para avanzar en las políticas públicas de nuestro país en materia de RSE. Recordó que para ello se ha reactivado también el Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE) tras casi una década inactivo.
En sus palabras, este informe defiende que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente, algo que “es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad”.
“España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias. Este informe propone restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa. Porque sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria”, afirmó.
El acto de presentación
El acto incluyó un primer panel con la visión de las entidades y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el impulso de la RSE. En él participaron María del Pozo, responsable de política exterior de Amnistía Internacional España; Almudena Moreno, de la Plataforma por Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Action Aid; Francesc Cortada, director general de Intermón Oxfam, y Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace España.
En un segundo panel intervinieron Raquel Boto, adjunta de la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO; Andrés Herrero, de la Unidad de Previsión Social de UGT; Carmen Aparicio, jefa del Área de RSE de CEOE, y Francisco Vidal, director de Economía y Políticas Sectoriales de CEPYME.
La clausura del evento corrió a cargo de Amparo Merino, quien destacó el papel de algunas empresas que ven en la responsabilidad social “parte de su modelo”. Al mimo tiempo advirtió: “De nada sirve tener derechos reconocidos en el papel si quien los tiene vulnerados no tiene manera de reclamarlos. La responsabilidad social empresarial ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y buenas intenciones. Nosotras venimos a convertirlo en un terreno de obligaciones y consecuencias, esa es nuestra agenda», manifestó.
Un compromiso desde el Ministerio
El Ministerio de Trabajo y Economía Social se comprometió con el impulso de la política del Gobierno en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en coherencia con el marco europeo de sostenibilidad, diligencia debida y buen gobierno corporativo, promoviendo una visión de corresponsabilidad orientada a un impacto social y ambiental positivo.
Ello hace que la RSE se sustente en diversos pilares, como la inclusión social, con el objetivo de poner fin a las desigualdades salariales y a la brecha de género que persisten en el sistema; la vigilancia en materia de derechos humanos y diligencia debida; la implementación de un modelo participativo de cogestión, en el que las personas trabajadoras cuenten con representación y puedan participar en la toma de decisiones; la lucha contra el cambio climático y su contribución a la consecución de un desarrollo sostenible.
En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa varias iniciativas para su promoción, entre las que destaca la reactivación del Consejo Estatal de RSE (CERSE) como marco de gobernanza de referencia en esta materia o la futura nueva Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.