21/05/2026

El Parlament de Catalunya aprobó el pasado 20 de mayo la nueva Ley del Tercer Sector, una normativa histórica que reconoce oficialmente la labor de las entidades sociales y establece un marco jurídico para más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro en Cataluña. La aprobación llega tras cuatro años de tramitación y supone un paso importante para fortalecer la estabilidad, la sostenibilidad y la capacidad de actuación del sector social. El Pleno Catalán dio vía libre a la Ley del Tercer Sector, presentada por PSC-Units, Junts, ERC, PPC, Comuns i CUP-DT, con 102 votos a favor (PSC-Units, Junts, ERC y Comuns), 2 votos en contra (AC), y 29 abstenciones (PPC, Vox y CUP-DT).

La ley nace con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y continuidad en el trabajo de las entidades, muchas de las cuales llevan décadas atendiendo a colectivos vulnerables y ofreciendo apoyo social a más de dos millones de personas. Desde la Taula del Tercer Sector y la Confederació del Tercer Sector han celebrado la aprobación del texto, aunque han advertido que el verdadero reto comenzará ahora con su desarrollo e implementación.

La propuesta legislativa fue registrada inicialmente en mayo de 2022, pero decayó en 2024 debido a la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya, después de dos años de trabajo parlamentario. Finalmente, el texto ha conseguido salir adelante con el respaldo del Parlament. En esta ocasión se aprueba con algunas novedades como el reconocimiento institucional del impacto social de las entidades, una mayor participación del tercer sector en las políticas públicas y el impulso de una colaboración más estable con las administraciones públicas. La ley contempla también la creación del Consejo de Diálogo Civil, un órgano permanente de interlocución entre el Govern y las organizaciones sociales para debatir y participar en políticas relacionadas con los derechos sociales.

Primeras reacciones

El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, describió la aprobación como “un paso muy importante para el sector y para Cataluña”, subrayando que la ley legitima oficialmente la función que las entidades sociales desempeñan desde hace décadas. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, valoró positivamente la norma y trasladó que permitirá reforzar la colaboración entre la administración y las entidades sociales para construir políticas públicas más eficaces y cercanas a la ciudadanía.

Aunque la ley no establece una dotación económica concreta, sí incorpora herramientas para avanzar hacia una mayor estabilidad financiera del sector. Entre ellas figura el impulso a mecanismos de financiación y promoción de las entidades sociales dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.

Desde la Confederació del Tercer Sector incidieron también en la necesidad de garantizar una financiación estable. Su presidente, Jordi Roman, defendió que “la mejor certeza es la estabilidad financiera”, y reclamó un refuerzo económico que permita consolidar la labor de las entidades.

La normativa apuesta también por mejorar las condiciones laborales dentro del sector y avanzar hacia modelos de empleo más equiparables a los de la función pública. Aunque no regula directamente la gestión de los servicios sociales, sí reconoce la concertación como la fórmula preferente de colaboración entre las administraciones y el tercer sector.