04/06/2026

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) presentó el pasado 3 de junio en el Congreso de los Diputados el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, herramienta de análisis y seguimiento de los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad en España.

El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, muestra una realidad preocupante: pese al crecimiento económico y a la mejora de los datos de empleo, la pobreza sigue instalada en niveles muy elevados. Las políticas públicas han demostrado que funcionan para contener la pobreza, pero los datos apuntan a que las herramientas actuales han alcanzado un límite y ya no están consiguiendo nuevas reducciones significativas.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) no ha bajado del 25 % en más de una década y se situó en 2025 en el 25,7 %. Es decir, 12,6 millones de personas en España continúan viviendo en una situación de vulnerabilidad económica o social. La estabilidad del indicador se explica por la evolución también estable de sus tres componentes: la tasa de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1 %) y la baja intensidad en el empleo (8 %).

La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5 %, el valor más bajo de la serie histórica, pero todavía afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa se mantiene prácticamente estable en el 8,1 %, cerca de 4 millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los trece bienes, servicios o actividades básicas que mide este indicador.

España continúa, además, lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030. La tasa AROPE debería haberse reducido hasta el 19,1 % en 2025, pero permanece en el 25,7 %. Esto significa que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido de la pobreza o la exclusión social para que el país estuviera en la senda prevista.

La pobreza no disminuye, pero se hace menos intensa

Aunque la extensión de la pobreza apenas cambia, el informe sí muestra una ligera mejora en su intensidad. La pobreza severa afecta al 8,0 % de la población, 0,4 puntos menos que el año anterior. Sin embargo, la cifra sigue siendo inaceptable: 3,9 millones de personas viven en pobreza severa, con ingresos inferiores a 680 euros al mes. Dos de cada cinco personas en pobreza en España se encuentran en esta situación.

Como novedad, el informe profundiza en cómo la acumulación de factores de vulnerabilidad intensifica la pobreza. La pobreza severa se dispara cuando interseccionan diferentes factores de desigualdad estructural. Por ejemplo, más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales, el 53,4 %, se encuentra en pobreza severa.

La vivienda se consolida como uno de los principales factores de pobreza

Los datos evidencian una estrecha relación entre el régimen de vivienda y el riesgo de pobreza, por ello el XVI Informe amplía el análisis sobre este vínculo. En 2025, el 43,6 % de las personas que viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5 % de quienes viven en propiedad. La pobreza severa casi se triplica entre quienes viven de alquiler a precio de mercado: afecta al 15,1 %, frente al 5,4 % de quienes viven en propiedad.

La desigualdad en el acceso a la vivienda está estrechamente vinculada con la desigualdad de riqueza. En este contexto, la vivienda funciona como un factor de reproducción de la desigualdad: quienes cuentan con patrimonio tienen más protección frente al mercado, mientras que quienes no lo tienen quedan más expuestos al alquiler y a sus precios crecientes. La escasez de vivienda social agrava esta situación: España cuenta con un parque de vivienda social de apenas el 3,3 %, muy por debajo del 9 % de media europea.

El coste de la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos de los hogares y limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas. De media, las personas en situación de pobreza destinan el 34,2 % de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50 % entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.​

La crisis energética ha convertido este gasto en una sobrecarga en el gasto de vivienda. La pobreza energética agrava esta situación, de hecho, el 15,9 % de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Estas dificultades afectan con especial intensidad a personas en desempleo, hogares en alquiler, población extracomunitaria, jóvenes y hogares con menores.

El informe también visibiliza el sinhogarismo oculto y la vivienda insegura. El 7,1 % de la población de 16 años o más ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su vida, lo que equivale a 2,9 millones de personas.

La pobreza golpea con más fuerza a la infancia, la población migrante y las personas con discapacidad

Los datos del informe confirman que la pobreza se concentra con especial intensidad en quienes afrontan más barreras estructurales. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, el 33,8 %, está en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 2,7 millones; la tasa de pobreza infantil alcanza el 28,4 % y la pobreza severa afecta al 12,5 % frente al 8,0 % del conjunto de la población. EAPN-ES subraya que la pobreza infantil es una causa de la pobreza familiar. De hecho, los hogares con hijos, hijas y adolescentes presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

En los hogares monoparentales, una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social, más de cuatro de cada diez están en pobreza y el 22,3 % vive en pobreza severa.

Además, las personas con discapacidad siguen en clara desventaja: el 32,2 % está en AROPE, el 21,5 % en pobreza y el 13,5 % en carencia material y social severa, lo que evidencia la necesidad de apoyos suficientes para vivir con autonomía e igualdad.

El estado de bienestar contiene la desigualdad, pero se necesitan nuevas herramientas para romper el suelo de la pobreza

El informe pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las transferencias sociales en la protección de millones de personas frente a la pobreza. En 2025, el conjunto de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza, de las cuales 8,1 millones se beneficiaron de las pensiones de jubilación y supervivencia y otros 2,9 millones gracias al resto de prestaciones sociales.

Sin embargo, el informe advierte también que el Estado de bienestar español presenta importantes márgenes de mejora. Aunque cada vez más personas acceden a prestaciones de garantía de rentas, la comparación europea muestra los límites del modelo español de protección social. Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13,0 %, Francia hasta el 16,3 % y España solo hasta el 19,5 %. Esta menor eficacia es especialmente preocupante en la infancia: España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil.

Las políticas públicas protegen, pero no alcanzan para revertir una situación estructural. EAPN-ES advierte, además, de los riesgos de no consolidar medidas heredadas del escudo social, como la protección frente a desahucios, las garantías frente a la pobreza energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención de los precios del alquiler.

También alerta de la cobertura insuficiente de las ayudas a familias y vivienda y de la reducción, en algunos territorios, de las rentas mínimas autonómicas tras la implantación del IMV. Por ello, pide una garantía de rentas para todo el ciclo vital, mejoras en el IMV y su coordinación con las rentas autonómicas, y una protección universal a la infancia.

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