La Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) se reunió el pasado 25 de noviembre en la sede de Fundación ONCE en Madrid, en un encuentro en el que realizó un amplio balance de la actividad realizada este año, entre ellas las acciones relacionadas con la incidencia política, los balances de las convocatorias de la Agenda 2030 y del 0,7 %, y definieron las prioridades y nuevas metas para el 2026.

El informe, encargado por la Fundación Botín a Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá) y Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC), destaca que el Sector Social español emplea en torno a 600.000 personas, y cuenta con la colaboración de casi 1,5 millones de voluntarios. Ha reducido su dependencia de la Administración Pública, si bien persisten problemas estructurales de financiación, retención del talento, digitalización y relevo generacional en puestos directivos.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, apunta que un año después de la DANA “las entidades sociales seguimos acompañando a las personas que continúan sufriendo sus consecuencias”. “Y lo hacemos desde el compromiso, el conocimiento del territorio y la cercanía con las personas, con el apoyo imprescindible de miles de personas voluntarias, porque reconstruir no es solo reparar daños materiales: es garantizar derechos, reforzar apoyos y asegurar que nadie quede atrás”, señala el titular de la PTS.

La Plataforma del Tercer Sector compareció el pasado 22 de octubre en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde trasladó una serie de propuestas al Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, entre las que exigió que el derecho a la atención sanitaria se extienda a todas las personas con residencia efectiva en nuestro país. Según la PTS, para acreditar esa residencia efectiva se propone utilizar el empadronamiento como vía principal, así como aceptar otros medios alternativos como declaraciones juradas, informes de servicios sociales o acreditaciones emitidas por entidades del Tercer Sector. Esta flexibilidad permitiría garantizar el acceso al sistema sanitario sin discriminaciones y con mayor seguridad jurídica.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social (Ley 43/2015), el pasado 9 de octubre, ha destacado la importancia de esta norma como hito legislativo en el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las entidades sociales en la promoción de los derechos y la cohesión social. Sin embargo, diez años después de su entrada en vigor, la Plataforma lamenta que la mayoría de los desarrollos normativos previstos en la ley siguen pendientes, lo que impide que el Tercer Sector pueda contar con los instrumentos adecuados para ejercer su labor con plena seguridad jurídica y respaldo institucional.

La Plataforma del Tercer Sector celebró el pasado 25 de junio su Asamblea General en el salón de actos de Fundación ONCE, en Madrid, en la que reivindicaron el mantenimiento durante los próximos cinco años del modelo mixto de distribución de los fondos del 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades, “con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los programas sociales y reforzar la cohesión territorial”.

La Plataforma del Tercer Sector, junto con la Fundación CEOE, presentaron el pasado 13 de junio en Madrid los resultados de la campaña Casilla Empresa Solidaria, que en 2024 recaudó 83,6 millones de euros gracias a 306.051 empresas que la marcaron en su Impuesto de Sociedades. La Casilla Empresa Solidaria, al igual que la X Solidaria de la Declaración de la Renta, permite destinar el 0,7 % de la tributación a financiar proyectos sociales ejecutados por organizaciones del Tercer Sector, sin coste adicional para las empresas. A pesar del histórico impacto de la última campaña, cuatro de cada cinco empresas todavía no marcan la Casilla.

El segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo se celebró con un acto el pasado 12 de mayo en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. Según se informa desde la Coordinadora de ONGD, dos años después de su aprobación destaca el reconocimiento y el consenso alcanzados, aunque el Estado «debe cumplir de forma urgente los compromisos con la financiación», que marca dicha Ley.